Cuando a comienzos de enero la Sala I de la Cámara Federal ordenó la liberación de Amado Boudou –preso por causas de enriquecimiento ilícito y facturas truchas cuando era ministro de Economía-- se abrieron interrogantes sobre el alcance de las prisiones preventivas. Su criterio de aplicación resultó ampliado por un fallo de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, ambos de la Sala II de la Cámara Federal. Esos magistrados ordenaron el encarcelamiento de Julio De Vido en la causa por fraude al Estado en la supuesta modernización de YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales). Adujeron presunto peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación por parte del acusado. El ex ministro de Planificación era diputado y presidía la estratégica Comisión de Energía. De la cual ahora pretende apoderarse Cambiemos. Boudou consiguió finalmente el beneficio de la libertad porque Eduardo Farah, Rodolfo Pociello Argerich y Bruglia estimaron –con matices-- que el ex vicepresidente libre no constituía una amenaza para aquellas investigaciones en curso. No posee ningún cargo en el Estado. Fue una de las cuestiones que había soslayado Ariel Lijo cuando lo envió a prisión. Después de ese episodio, se aguardaba una resolución parecida por Carlos Zannini. Detenido en Ezeiza, acusado de encubrimiento por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. El ex secretario Legal y Técnico –también ex candidato a vice de Daniel Scioli-- ocupó hasta su captura el cargo de director en el Banco de Santa Cruz, en representación del Estado provincial. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara de Casación, con las firmas de Gustavo Hornos y Mario Borinsky se dictaminó lo contrario. Faltó el voto de Juan Carlos Gemignani, por entonces en uso de licencia. Los términos de Hornos y Borinsky fueron muy contundentes. Pese a lo cual el defensor de Zannini, el abogado Mariano Fragueiro Frías, los consideró en extremo arbitrarios. Acaba de elevar una apelación a la instancia máxima del Poder Judicial, la Corte Suprema. El trámite de esa causa exhibió un cambio de rumbo cuando se aproximaba el momento de la decisión crucial. En un principio, la situación del ex secretario Legal y Técnico iba a ser definida por la Sala I, donde sobrevolaba la idea de otorgar al dirigente kirchnerista el beneficio de la libertad. Pero poco tiempo antes sucedieron varias cosas. El juez Claudio Bonadio, siguiendo instrucciones de la Cámara Federal, resolvió unificar las causas por encubrimiento derivada de la denuncia del fiscal Alberto Nisman (con radicación en la Sala I desde 2015) con la de “traición a la patria” correspondiente a la Sala IV. El sistema informático registró la Sala IV como decisoria. Se trata del tribunal de alzada vinculado a Bonadio. La variación resultó determinante para la suerte de Zannini. Fragueiro Frías optó por no cuestionar tal procedimiento y apostó sus últimas fichas a un pronunciamiento de la Corte. El fallo de Hornos y Borinsky reabrió una controversia en el universo judicial. Puede que ambos magistrados hayan estimado la situación de Zannini –en un cargo ligado a la provincia de Santa Cruz-- como posible escollo para la investigación. Pero de acuerdo con especialistas habrían omitido varias consideraciones. La más importante de ellas: que Zannini fue procesado y detenido por encubrimiento del pacto con Irán sin haber sido previamente imputado por el fiscal. En este punto se tuvo conocimiento sobre un desencuentro entre Bonadio y Gerardo Pollicita. El juez pidió al fiscal que imputara y citara a declaración indagatoria a Zannini. El funcionario judicial creyó que no correspondía. Pero el juez lo incluyó de todas formas. ¿Por qué motivo?. Tal vez, por entender que el ex secretario Legal y Técnico tuvo injerencia decisiva en el formato del texto que Héctor Timerman firmó en 2013 con su par iraní, Alí Akbar Salehi, en Aleppo, la mayor ciudad de Siria. Tampoco podría descartarse la incidencia de antiguas rencillas entre esos personajes. Bonadio siempre presumió que Zannini fue el ingeniero de la maniobra con que el kirchnerismo pretendió abrir un juicio político contra el juez en el Consejo de la Magistratura. Aunque la presentación formal haya sido hecha por el camporista Julián Alvarez, entonces secretario de Justicia. Desde la cárcel, el último lunes, durante un reportaje, el ex secretario Legal y Técnico defendió lo actuado por Timerman.“Es una persona que trató de hacer lo mejor para la Argentina y para los judíos”, declaró. Y remató: “Se han ensañado con una persona (Timerman) incluso por su condición de judío”. El ex secretario Legal y Técnico, hasta el fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, había circunscripto su encarcelamiento a obedecer los planes del abogado defensor. Sólo con un par de intervenciones de tinte político, enfiladas contra Mauricio Macri. Aquel reportaje estaría indicando un cambio de tendencia. Repitió cuestionamientos políticos y económicos contra el Gobierno. Pero buscó profundizar su condición de víctima presunta. Hasta arriesgó que su detención actual sería mas injusta que la que padeció durante la dictadura. Sus palabras fueron acompañadas con la aparición ayer, en varios puntos de la ciudad, de un lema junto a su rostro juvenil y otro del presente: “Preso de la dictadura; preso de Macri”, se pudo leer. El viejo sueño de emparentar una cosa con la otra. Los expertos prefieren detenerse en las cuestiones jurídicas antes que las políticas para subrayar algunas debilidades del fallo de la Sala IV que confirmó la prisión de Zannini. La comparación surge con otro expediente similar en marcha. La etapa final del juicio oral contra Carlos Menem y otros 12 ex funcionarios por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA que dejó 85 muertos. Aquello que en los comienzos se conoció como la “pista siria”. La hipótesis que siempre sedujo a Cristina Fernández hasta que admitió la investigación que su ex marido, Néstor Kirchner, encomendó a Nisman. Todos los involucrados llegaron a la última instancia habiendo sido, a priori, imputados por el fiscal y el juez. También fueron procesados pero en ningún caso sufrieron privaciones de la libertad. Ni de derechos y garantías. El ex presidente se convirtió, además, en senador a partir del 2005. Jamás fue pedido su desafuero. Tampoco en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Allí recibió una condena de 7 años de prisión. Pero resta que la Corte determine si queda firme. El Máximo Tribunal lo habilitó como candidato para renovar la banca en las legislativas del año pasado. Por el encubrimiento de la “pista iraní” , la Unidad AMIA, que depende del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, decidió días pasados no solicitar penas para los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados en aquella misma causa. El representante del Estado, José Console, explicó que “no se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos”. Allí se abrió una brecha con la Unidad AMIA que depende de la Procuración General. Esta había reclamado ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para los fiscales. La determinación oficial tuvo secuelas políticas. La agrupación Memoria Activa, que reúne a víctimas de los familiares del atentado terrorista, rechazó la decisión. La líder de la Coalición, Elisa Carrió, se sumó a los indignados y forzó la renuncia de la abogada Mariana Stilman como integrante de la Unidad Especial AMIA. El atentado ocurrió hace más de 23 años.
