RÍO GALLEGOS. - Las dependencias públicas de Santa Cruz fueron nuevamente objeto de allanamientos ordenados por el juez federal Julián Ercolini. La policía buscó expedientes y pruebas vinculadas a la causa por las presuntas irregularidades de la obra pública concedida en su mayoría al empresario detenido Lázaro Báez. Tres extensos allanamientos se realizaron ayer en dependencias de la gobernación santacruceña, el Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas. Fueron en el marco de la causa en la que el juez federal busca determinar si el matrimonio Kirchner lideró una supuesta asociación ilícita "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial" en particular de la provincia de Santa Cruz y cuyo principal beneficiado fue Báez. El expediente comenzó con la denuncia que hace casi dos años presentó el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita, que los llevó a analizar todas las obras viales asignadas a Báez en Santa Cruz, a investigar primero en particular los casos más sospechosos como la ruta provincial 9, para la que se pagó un millonario enripiado que nunca se terminó, hasta desgranar cada obra en particular. Los allanamientos de las últimas horas ordenados por Ercolini y ejecutados por el juez federal subrogante de Río Gallegos, Javier Leal Ibarra, avanzaron ahora con las obras o contratos firmados entre el empresario y los gobiernos, y buscan determinar el rol de contralor que tuvo la provincia a través del Tribunal de Cuentas. En el organismo, en el que el kirchnerismo siempre tuvo mayoría, fue donde más tiempo pasaron los peritos de la Gendarmería Nacional. "No buscaban contratos, sino información sobre quiénes y cómo realizaron los controles en la obra pública", detallaron fuentes con acceso a la causa. Por esta razón pidieron todos los requerimientos que se hicieron desde el Tribunal de Cuentas hacia los organismos competentes en el período analizado, es decir, entre 2003 y 2015. De allí retiraron nutrida documentación. Los peritos quisieron saber quiénes auditaban las cuentas públicas y también quiénes eran los vocales a cargo del control de la Administración General de Vialidad Provincial, por donde se concretaban los procesos licitatorios de la obra pública. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por LA NACION, Mario Layún, un pariente político de Néstor Kirchner, fue el vocal del Tribunal, que tenía bajo su órbita el control de la obra pública. Layún se jubiló el año pasado de su cargo en el Tribunal de Cuentas, organismo que no se destacó por haber realizado denuncias internas ni judiciales contra el oficialismo provincial en las últimas dos décadas. La causa por asociación ilícita en la obra pública santacruceña tiene procesados a la expresidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a José López, Carlos Santiago Kirchner y a Lázaro Báez, entre otros.
