Cuando vuelva del retiro espiritual que encabezará hasta el sábado el Presidente, el ministro de Justicia Germán Garavano se reunirá con sus asesores y pulirá la presentación que, según confirmó a Clarín, hará la próxima semana contra el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, quien reiteró su deseo de que Mauricio Macri se vaya "lo antes posible" de su cargo. A sabiendas de que, tal como publicó este diario, desde la Corte Interamericana dejaron trascender que el tribunal evitará pronunciarse, y que el proceso de remoción de los magistrados es complejo, Garavano presentará lo que en el Ministerio de Justicia plantearon como una "recusación": esto es que el jurista se abstenga de intervenir en una Opinión Consultiva que meses atrás llegó al tribunal. Las Opiniones Consultivas, establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 64, son interpretaciones jurídicas que le puede pedir a la Corte Interamericana un Estado miembro de la organización o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En efecto, luego de las declaraciones del magistrado a las que calificó como "antidemocráticas", el Gobierno quiere que Zaffaroni se abstenga de intervenir en una Opinión Consultiva que en octubre pasado la CIDH hizo llegar a la Corte para que haga "una interpretación sobre la figura del juicio político o impeachment para separar del cargo presidentes democrática y constitucionalmente electos" en la región. En su presentación, la CIDH citó los casos de destituciones de distintos mandatarios, como "la ruptura del orden constitucional en Honduras", en 2009, que marcó el final del gobierno de Manuel Zelaya; y las destituciones del paraguayo Fernando Lugo y de la brasileña Dilma Rousseff. Y recordó que ha "alertado y expresado su preocupación por el riesgo que tales situaciones pueden implicar para el pleno ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático". En ese sentido, consultó a la Corte Interamericana respecto al "alcance de la aplicabilidad de las garantías del debido proceso, del principio de legalidad y del derecho a la protección judicial en dichos contextos". Para la Comisión, esa "Opinión Consultiva" tendrá "un impacto positivo en el desarrollo de la jurisprudencia interamericana en materia de la estrecha relación que existe entre la vigencia de las instituciones democráticas y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos". Para el Gobierno, tras sus declaraciones en las que pidió que Macri se vaya "antes" y hasta propuso que sea sometido "a juicio político, ya que es constitucional", Zaffaroni debería abstenerse de intervenir. "Este es un paso previo a pedir su remoción", indicaron desde el Ministerio de Justicia. En otras palabras, apuestan a desgastarlo. No obstante, el proceso es complejo, ya que los jueces son electos -y removidos- por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Incluso ya será difícil para el Gobierno que la Corte Interamericana acepte el pedido de "recusación" que hará Garavano. Es que, según el artículo 19 del Estatuto del tribunal, que habla de las causas de "Impedimento, Excusas e Inhabilitación", el caso Zaffaroni encuadraría sólo con el inciso 3, que dice: "Si el Presidente (de la Corte) considera que alguno de los jueces tiene causal de impedimento o por algún otro motivo calificado no deba participar en determinado asunto, así se lo hará saber. Si el juez en cuestión estuviere en desacuerdo, la Corte decidirá". Pero el Gobierno apuesta a que el presidente del tribunal, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, tenga en cuenta las "responsabilidades" que se les reclama a los jueces en el artículo 20: "Los jueces y el personal de la Corte deberán observar, dentro y fuera de sus funciones, una conducta acorde con la investidura de quienes participan en la función jurisdiccional internacional de la Corte". Por lo pronto, Zaffaroni ya avisó que, pese a la insistencia del Gobierno, no va a renunciar. Tiene mandato hasta 2022 ya que asumió en enero de 2016, y el estatuto de la Corte, que está compuesta por siete magistrados, prevé un período de 6 años el cargo y con la posibilidad de sólo una reelección.
