El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere evitar la situación que se presentó el año pasado cuando hubo 29 colegios tomados en rechazo al sistema de "prácticas educativas" que traía aparejado la reforma que se había anunciado. A través de una resolución, se implementó a partir de este año un protocolo que regulará el accionar de los rectores y delegará la responsabilidad del cuidado de los chicos en los padres. Cuando haya una toma, los directores deberán citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones. En los casos en que la familia esté de acuerdo con la ocupación, se harán cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos. En primer lugar, las autoridades deberán dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME. Luego deberán tomar fotografías del antes y el después de las tomas para dejar constancia de posibles actos de vandalismo. Después será la Procuración General quien determinará las multas. "Seguimos trabajando sobre lo que pasó el año pasado. Para nosotros no puede quedar en la nada y naturalizado que cuando los chicos no están de acuerdo con una política puedan tomar una escuela. Lo que está atrás de la resolución es que las acciones tengan consecuencias y no se vulnere el derecho a la educación de los otros", dijo a Infobae Soledad Acuña, ministra de Educación porteña. El año pasado la jueza Elena Liberatori determinó que las tomas de colegio no constituían un delito y dejó sin efecto un protocolo que determinaba qué posición debía tomar un directivo en esos casos. "Para los jueces el derecho a la protesta está por encima del derecho a la educación. Los directivos se quedaban sin poder actuar. No sabían qué hacer cuando había una toma", señaló Acuña. El nuevo protocolo presenta una diferencia importante con el anterior: la responsabilidad del cuidado de los chicos cuando no haya adultos en la escuela deja de ser responsabilidad del rector. Pasa a ser de los padres. Cuando haya toma, quedarán sin vigencia las autorizaciones que se emiten a principio de año para que los chicos se puedan retirar por su cuenta de la institución. Ante el llamado de las autoridades por una ocupación, los padres deberán pasarlos a buscar o bien autorizar la toma con las posibles multas que ello conllevará. La decisión constará en un acta que cuando se presente un caso de vandalismo llegará a la Procuración General -previo paso por el Ministerio de Educación de la Ciudad- que dispondrá multas económicas de acuerdo a los daños. En las últimas tomas de 2017 "no hubo tantas denuncias de vandalismo", pero sí en la de los años anteriores. Los chicos mayores de edad, por haber repetido algún año, quedan afuera del protocolo, aunque, según Acuña, las tomas en general las hacen los chicos de primero y segundo año. El nuevo protocolo solo se aplicará a alumnos menores de colegios estatales. El protocolo paso a paso: 1) Dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 2) Dar intervención al SAME. 3) Citar de manera inmediata a los padres o a quienes ejerzan la responsabilidad parental para que retiren a sus hijos del establecimiento. 4) Labrar un acta dejando constancia de la imposibilidad de tener clases por la toma del establecimiento, que deberá ser elevada a la máxima autoridad de la cartera de Educación, consignando los siguientes puntos: – Relato de los hechos y motivos por los que se tomó el colegio. – El estado detallado del patrimonio escolar documentado fotográficamente al momento en que se inicia la toma del establecimiento. En caso de ser posible, las fotografías deben ser certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos. – Solicitud de intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME. – Constancia de citación a los padres. Se deberá labrar un acta de retiro en la cual se le hará saber que mientras dure la situación y, en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre el adulto. – Enunciar los datos de los padres que no hayan retirado a los jóvenes del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre ellos. 5) Los directores o rectores deberán permanecer en el establecimiento educativo hasta la terminación de todas las acciones establecidas en el protocolo. 6) Desde el Ministerio de Educación se deberá a elevar el expediente administrativo para intervención a la Procuración General. 7) Finalizada la toma del establecimiento escolar, los directores o rectores deberán labrar un acta, que será elevada a la máxima autoridad de la cartera de Educación. Allí se consignará el estado del patrimonio escolar al momento de la finalización de la toma, también documentado fotográficamente. 8) El Ministerio de Educación elevará el último expediente administrativo para intervención a la Procuración General.
