La semana pasada, Graciela Ocaña hizo vibrar el tablero político sindical. Presentó una denuncia contra Hugo Moyano, en plena disputa contra el Gobierno a pocos días de movilizarse con varios sectores políticos antimacristas, donde acusó al gremialista de supuesto desvío de fondos de la obra social a sociedades de familiares directos. En Desde el llano, la diputada dijo que "tiene temor" por su seguridad, luego de su presentación judicial. "Me siento acompañada por mis colegas ante el exabrupto de Moyano que me trató de cucaracha. Él lo dice en el sentido de que a una cucaracha hay que exterminarla. Tengo temor porque Moyano dentro de su grupo de compañias tiene empresas de seguridad. He tenido problemas y no quiero volver a tenerlos por eso lo hago responsable si algo me pasa", lanzó Ocaña. La legisladora aseguró que no pidió protección especial al presidente Mauricio Macri luego de haberse presentado en la Justicia para denunciar al sindicalista. "Soy como cualquier ciudadana y tengo el derecho de vivir como cualquiera", especificó. Ocaña explicó que en su denuncia detalla la manera en la que operaba Moyano con sus firmas cuando llegó a la CGT a mitad de los 2000. "Creó empresas ad hoc manejadas por sus familiares para proveerles servicios a la obra social de Camioneros. Lo único que tenía la mujer hasta ese momento era un geriátrico. El único cliente que tuvo después era Camioneros, el sindicato de su marido", comentó. Según la acusación de la diputada, Moyano habría acumulado ganancias a través de las empresas que compraron cada vez más propiedades, en lugar de invertir el dinero, cuyo usufructo terminaba en la familia del actual presidente de Independiente. Tanto el gremialista como parte de su familia viven en un departamento de la avenida Montes de Oca y usan en forma habitual una quinta de Parque Leloir. "Tiene una fortuna de más de 20 millones de dólares en propiedades mientras que la obra social de Camioneros está en bancarrota. O existió una enorme incapacidad suya para manejarla o la vació para que sus empresas ganen plata. Si se vendieran y liquidaran todos los bienes de la obra social no alcanzaría para pagar lo que se debe", detalló. Para la diputada Moyano y su núcleo habrían "configurado una operación de vaciamiento y defraudación, pero también de lavado de dinero". "Sus empresas tienen sobreprecios de alrededor del 40 por ciento. Analizamos el detalle y nos da este valor", agregó. Sobre el final, Ocaña dejó una reflexión sobre el poder que ostenta Moyano, que en los últimos días dijo en varias entrevistas que se sentía "perseguido" por el gobierno y la Justicia actual. "No es un perseguido, él es el poderoso. Amenazó al Gobierno que la presidencia no iba a durar mucho. Siempre usó a la gente para que la Justicia no actúe. Lo que le dijo a Macri fue una amenaza", cerró.
