El ex director de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), Guillermo René Scarcella, presunto testaferro de Daniel Scioli e investigado por malversación de fondos de la administración pública, deberá devolver, con otra decena de ex funcionarios, 51 millones de pesos al estado provincial al comprobarse irregularidades en los gastos de la empresa durante su gestión. La medida fue resuelta por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y también involucra a colaboradores de Scarcella en esa repartición pública. El plazo para la devolución es 90 días. No obstante, los ex funcionarios, hasta 2015, podrán interponer un recurso ante el fuero Contencioso Administrativo. La resolución del Tribunal resulta uno de los soportes de la causa iniciada por el fiscal Alvaro Garganta contra Scioli, parte de su gabinete y responsables de organismos como ABSA, IOMA y Lotería. La fiscalía intenta determinar la existencia de lavado de activos a partir de "distintos delitos contra la administración pública”. Esa investigación comenzó con una denuncia presentada por la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos). Las auditorías iniciadas por el Tribunal el año pasado, revelan un aparente festival de dispendio de recursos en ABSA, la empresa encargada del servicio de agua y cloacas en el Gran La Plata, Bahía Blanca e Interior. De la revisión surgió en su momento el gastó de 800 mil pesos para financiar el catering de una fiesta sindical. También el contrato por 273.250 pesos a una persona que hace títeres y espectáculos de circo. En la “falta de razonabilidad de gasto” que detalla el Tribunal surge la erogación de 50 mil pesos para la realización del XIV Simposio Internacional de Transplante de Intestino u otras extravagancias, según el reporte de entonces, como los 54 mil pesos destinados por la empresa para la contratación de servicios de una experta en “coaching psicológico”. Por lo visto, los descargos correspondientes de Scarcella y colaboradores no conformaron al Tribunal Por eso, en el artículo tercero de la resolución, publicada en el Boletín Oficial, dispuso multas de 48 mil pesos al propio Scarcella; de 40 mil a Carlos Alberto Coronel, otro tanto a Matías García, a Ricardo Juan Bautista Moratoy y a Heriberto Jáuregui Lorda. Se completa con 10 mil pesos a Mario Miguel Vuillermet; 30 mil a Jorge Enrique Radivoj; 25 mil a Lorenzo Pablo Giannelli; 20 mil a María Julieta Casajús y otro tanto a Jorge Héctor Di Leo; y de 5 mil a Francisco Antonio La Porta. A todos ellos les atribuyen irregularidades como “incompatibilidad laboral” por el trabajo de un mismo agente en dos o más reparticiones del Estado y la contratación de proveedores por ABSA para obras y servicios que, además de proveedores, eran empleados de la misma empresa. El cuestionamiento es por la ausencia de controles y de documentación sobre la ejecución de las prestaciones por las cuales pagó ABSA. De acuerdo con el dictamen de los auditores, hubo comprobación de “falta de pertinencia y razonabilidad en los reajustes de precios” sobre diversos contratos con firmas privadas. En todo este tiempo, Scarcella negó ser testaferro del ex gobernador Scioli. Y quitó entidad a la sospecha de Garganta sobre un movimiento de casi 29 millones dólares con un depósito en Isla Caimán, atribuido a Scarcella y su familia.
