En medio de los problemas judiciales que afronta el sindicalista Víctor Santa María, sumó una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) por el movimiento de más de $ 32 millones entre donaciones recibidas y convenios para realizaciones audiovisuales de la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios. Los números que despertaron sospechas fueron detectados en los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2015. Con poder de fiscalización permanente sobre la fundación, el organismo que depende del ministerio de Justicia le dio diez días hábiles a Santa María para que clarifique las millonarias sumas de dinero y realice declaraciones juradas. “El Grupo Octubre, constituye un ámbito creativo y plural que desarrolla, nuclea y promueve distintos emprendimientos culturales, educativos, solidarios y comunicacionales, a través de la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios”, consigna el sitio web del conglomerado que dirige Víctor Santa María, acorralado por la justicia. El multimedio es administrado por la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios, perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), hoy fiscalizada y bajo observación. A la denuncia por presunto lavado de activos que tiene el sindicalista, a través de operaciones millonarias sospechosas en Suiza, y sus vínculos con el empresario Leonardo Andrés Stangalini, señalado de ser testaferro del sindicalista, se suman sospechas sobre manejos de fondos de la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios. Ante la IGJ la entidad presentó los estados contables correspondientes al ejercicio que cerró el 31 de octubre de 2015. Respecto a la documentación se hicieron una serie de observaciones que ponen bajo duda el “origen de fondos, su aplicación y correcta justificación”, explicaron fuentes oficiales a Clarín. Respecto al ítem “Estado de Recursos y Gastos”, se consignó la existencia de de donaciones por $ 16.987.564,26 y donaciones “incentivos a la educación” por $ 10.828.790,80, que según lo establecido en la intimación superan el monto mensual que estipula el organismo fiscalizador. Según la Resolución General de la IGJ en sus artículos 516 y 517 las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por sumas que superen los $ 70.000 “en un solo acto o varios actos que individualmente sean inferiores” a dicha cifra, “deberán presentar anualmente una declaración jurada”. Esto no fue realizado por la Fundación Octubre y es lo que exige el organismo. “No hay documentación que respalde dichas cifras ni que las justifique”, indicaron fuentes oficiales. La IGJ analiza esas posibles “derivaciones patrimoniales”, y para despejar cualquier sospecha se exigió igual que la Fundación Octubre presenta una declaración jurada sobre “licitud y origen de los fondos”. En ella deberán especificar quién fue el donante, su constancia ante la AFIP, depósito bancario de la donación, o de la transferencia. No es la única cifra de dinero que no quedó clarificada en la documentación rendida por la entidad que administra al Grupo Octubre. Se requirió una nota firmada por el presidente de la Fundación en la que deberá explicar sobre la cuenta Convenios para realización audiovisuales y producción de películas de publicidad” por $ 16.927.241. La IGJ quiere saber el “origen de dicha cuenta y cómo se conformó dicha suma de dinero”. Se pidió un detalle completo de cada uno de los convenios que acumularon más de $ 16 millones. Finalmente, Santa María deberá explicar e individualizar cada una de las sociedades anónimas que tienen como domicilio fiscal la dirección de la Fundación. Hay que recordar que el sindicalista K está investigado por operaciones millonarias con un entramados societario que denunció la diputada Graciela Ocaña. En la documentación aportada señaló que hay una serie de firmas (con las que se movieron más de $ 60 millones), con objetos sociales diversos y vinculadas a Stangalini, "comparten el mismo domicilio como su sede principal de actividades, y que, incluso en aquellas direcciones funcionen establecimientos que no guardan ningún tipo de relación con las actividades que supuestamente llevan a cabo dichas empresas". El domicilio es uno de los anexos del sindicato que conduce Santa María.
