—¿Cuál es su reflexión sobre el accionar del policía Luis Chocobar? ¿Lo condena o condona? Más que condenar o condonar, intento analizar los hechos con sentido común y a la luz de las normas. En este caso, no puede haber exceso de legítima defensa cuando lo que se hizo fue cumplir con el art. 34 del Código Penal. Lamentablemente, en la Argentina de las últimas décadas las leyes fueron transgredidas con la jurisprudencia. Y de allí que nos encontramos con argumentos y fallos extraños. El problema es muy grave, porque la comisión de Reforma del Código Penal está tomando como base esa jurisprudencia y no la norma, cayéndose en un argumento circular. Por poner un ejemplo, se elimina la reclusión perpetua porque ya no la aplican. Y no la aplican porque la corriente abolicionista que dominó el país la excluyó de cualquier sentencia. Como es habitual, una es la percepción de la sociedad y otra es la de expertos. En el divorcio que existe entre la sociedad y los expertos, sin duda alguna me pongo de parte de la primera. Tal vez porque tengo una vocación legítima y coherentemente democrática, y sé que el sometimiento a una dirigencia generosa con la sangre ajena se paga muy caro. En este caso específico, el error que cometen los críticos de Chocobar es ver la conducta del agente policial con el diario del día después. Esto es, pese a las puñaladas recibidas, el turista estadounidense salvó su vida gracias a la pericia del equipo de salud, casi un milagro. Hagamos un experimento imaginario: ¿qué habría pasado si el turista hubiese fallecido y Chocobar se hubiese abstenido de actuar? Seguramente, (Enrique) Velázquez (N. de R. : el juez que procesó a Chocobar) estaría iniciándole una causa precisamente por incumplimiento de sus deberes de policía. Este experimento imaginario nos sirve para mostrar que, sea cual fuere el resultado, la criminología crítica zaffaroniana que cita Velázquez en la causa muestra que el juez no analiza razones imparcialmente sino que es un fanático ideologizado de esta doctrina perversa. Espero que la dirigencia, los expertos, gran parte de los periodistas e intelectuales que piensan que desde la sociología se puede justificar lo injustificable, tomen conciencia de que no tienen que esperar ver a su hijo en un cajón para darse cuenta de que la seguridad ciudadana no tiene ideología: es una cruda realidad de un país donde desde el advenimiento de la democracia, más precisamente desde 1984 hasta hoy, el delito aumentó más de diez veces de lo que creció la población en nuestro país. —¿Qué lectura hace de la reacción política a partir del episodio Chocobar, a favor y en contra? Puede ser catalogada de oportunismo o no, según su opinión? Si la reacción política es oportunismo o no es una cuestión menor que reduce los problemas gravísimos de nuestro país a cuestiones partidarias. Cuando matan a un ser humano, en el acta de defunción no figura en donde militó. Fuimos los conejillos de Indias de un experimento mental pergeñado por Zaffaroni y otros abolicionistas que ocupan sus cargos en universidades, tribunales y redacciones periodísticas. Todos ellos fueron y son los autores intelectuales o directamente cómplices de nuestras muertes de cada día. Porque un docente mata con su doctrina, un juez con su lapicera y un periodista con su buenismo idiota. No hay relato que pueda desmentir las estadísticas. Ni resucitar a los muertos. LEER MÁS: Fargosi: El caso Chocobar, nuevo ejemplo de un sistema que persigue al policía y protege al delincuente LEER MÁS: Tenembaum: El inquietante ascenso de Patricia Bullrich, la mano dura de Macri —Específicamente, ¿qué piensa de que tanto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como el presidente Mauricio Macri hayan respaldado el accionar de Chocobar? ¿No es injerencia? El fin último del Estado es la vida de los ciudadanos. Vivimos en un Estado en donde uno de los tres poderes se consagró en su mayoría durante las últimas décadas a desproteger al ciudadano, traicionando su sentido fundacional. La división de poderes establecida en "El espíritu de las leyes" por Montesquieu tenía como objetivo, precisamente, salvaguardar las garantías de los ciudadanos. Cuando esa salvaguarda es atacada, debe venir otro poder del Estado para restablecer el equilibrio. En suma: la separación tajante de poderes del Estado no es tal, sino que a menudo dichos poderes son complementarios. La existencia misma del Ministerio de Justicia -que depende del Poder ejecutivo- prueba que hay complementariedad. La prueba que debe ser así es que cuando se sanciona al Estado, se sanciona a los tres poderes y no a uno. —¿Qué medidas debería tomar el Gobierno para que las fuerzas de seguridad vuelvan a ser respetadas? Que no sea el vuelo de una golondrina de verano sino que se torne una política de Estado, sea cual fuere el gobierno. Otras medidas imprescindibles es dotarlos de todos los instrumentos necesarios, como en las mejores policías del mundo; capacitarlos técnica, legal y psicológicamente; ingresos muy controlados a las Fuerzas Armadas y dignificación de los salarios que reciben.
