El mega Decreto de Necesidad y Urgencia 27/18 impulsado por el Gobierno Nacional que pretende “desburocratizar y ajustar el Estado Argentino” fue ayer tratado en Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y se prepara para ser evaluado en recinto.
Haciendo uso de sus facultades legislativas el Presidente lanzó el pasado 30 de enero un nuevo decreto compuesto por 84 páginas y 170 medidas divididas en 22 capítulos en las áreas de gestión de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía, además de organismos descentralizados AABE, la ANSES y el BCRA.
Dentro de las cuestiones más importantes, dicho DNU busca eliminar el Registro Industrial de la Nación, creado en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial y que hoy contiene a 1700 empresas, cuando hay cerca de 110.000 en el país, y se superpone con otras dependencias, como AFIP e Indec, que tienen datos más completos sobre este universo. También especifica que las licitaciones que encare el Estado nacional no deberán ser publicadas en los boletines oficiales de las provincias. Y busca el modificar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, haciendo que realice inversiones financieras y embargue las cuentas sueldo de aquellos trabajadores por sus acreedores.
En Comisión el mismo obtuvo un fuerte rechazo opositor compuesto por el bloque kirchnerista, que reclamó la participación de especialistas que opinen sobre su validez. Pablo Tonelli fue el diputado macrista encargado de defenderlo; argumentó acerca de la “necesidad y la urgencia” del decreto y del cumplimiento de los pasos protocolares como la firma de todos los ministros del Gabinete y su envío al Congreso. El diputado también repasó la historia de la bicameral creada en 1994 tras la reforma constitucional, puesta en vigencia en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Sostuvo que debía aplicarse la “doctrina” por la que se regía la comisión, que el macrismo rechazaba cuando era oposición y por la que recurrió a la justicia.
La encargada de responderle fue Anabel Fernández Sagasti, senadora kirchnerista por la provincia de Mendoza, quien se mostró sorprendida por el “contorsionismo político” de Tonelli para justificar la postura oficialista. Así mismo, puso en duda la vigencia del DNU considerándolo inconstitucional ya que “atropella los fueros del Congreso tiene efectos jurídicos”.
Cuestionamientos opositores se fueron sumando de la mano del bloque justicialista calificando de excesivo al decreto, aunque el debate ya estaba definido. Los senadores Petri, Naidenoff y Tonelli junto con los diputados Silvia Giacoppo, Pedro Braillard Poccard, Fernando Iglesias, Ezequiel Fernández Langan y Martín Hernández, todos de Cambiemos, firmaron el dictamen de mayoría y aseguraron que van a presentar tres proyectos de ley reproduciendo de manera textual la totalidad del decreto.
