“El policía actuó como debía. En cualquier país civilizado el Estado lo primero que se hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés”, afirmó ayer la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en una nueva defensa del Gobierno al policía Luis Chocobar, quien mató a un ladrón por la espalda mientras éste huía. Las declaraciones de la funcionaria recibieron el inmediato repudio de dirigentes políticos de la oposición y referentes de organismos de derechos humanos, que la acusaron de promover el “gatillo fácil”. El jefe del bloque del FpV-PJ, Agustín Rossi, calificó la señal de Bullrich como “horrible y peligrosísima”, mientras que el diputado Leonardo Grosso adelantó que la denunciará penalmente. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) difundió un comunicado en el que denunció que “la pena de muerte es ley de facto”, y resaltó los antecedentes de la puesta en práctica de la doctrina que Bullrich defiende: “Aplicó la misma tesis gubernamental a los prefectos que fusilaron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre pasado en el Lago Mascardi, y dejó bien claro que uno de los ejes centrales del ‘estado de excepción’ que venimos denunciando es la orden explícita a las fuerzas de seguridad de todo el país de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender”. La ministra afirmó en la entrevista radial que las denuncias de la Correpi sobre violencia institucional son “casos falsos”. El archivo de casos que la organización actualiza todos los años alerta de que bajo el gobierno de Cambiemos hubo un alza exponencial de las muertes por gatillo fácil y torturas en lugares de detención, entre otras modalidades de represión estatal. “Nunca hubo un gobierno ni un funcionario que pudiera impugnar un solo caso. Muchos lo intentaron”, afirmaron desde Correpi e invitaron a la ministra a debatir públicamente cada caso, “si se anima”. La organización también denunció ataques a su local, que fue pintado con la consigna “Aguante Chocobar”. Citando a una famosa película, Rossi aseguró que a las fuerzas de seguridad le están dando “licencia para matar”, y agregó que el hecho de que el presidente Mauricio Macri haya conocido el video, que muestra que el agente disparó a corta distancia y por la espalda, antes de recibir a Chocobar, “no hace más que agravar la situación”. Además, la diputada nacional de Unidad Ciudadana Mónica Macha vinculó las declaraciones de Bullrich con el tiroteo ocurrido horas después, en la zona porteña de Tribunales, al afirmar que lo sucedido “es una triste demostración del error que encierra la doctrina Bullrich” y agregó que “el gobierno da un pésimo mensaje y nos pone en peligro a todos como queda demostrado. Más de 30 disparos y peatones heridxs, según las versiones periodísticas”. El diputado nacional y jefe de bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, adelantó que denunciará penalmente a Patricia Bullrich “por injerencia e incitación a la violencia”. Grosso afirmó que “más allá de cómo instruya Patricia Bullrich al personal de seguridad, por encima de todo está la Constitución, los pactos y las leyes nacionales”, e ironizó: “estos eran los que venían con el cuento de la división de poderes”. Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño sostuvo que las declaraciones de la ministra “son un aval a los fusilamientos por parte de las fuerzas represivas. Volvió a justificar los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en los que ella tiene la mayor responsabilidad política”. Desde la agrupación Hijos-Capital criticaron que Bullrich promueva que los policías porten, además del arma de fuego, armas taser (pistolas eléctricas): “La misma ministra reconoce lo que consta en las denuncias: que las armas táser pueden ser letales. Sin embargo, defiende su uso”. Los legisladores porteños del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Gabriel Solano también repudiaron las declaraciones. “Sabe que está desatando una ola de gatillo fácil y represión. Ya lo hizo Ruckauf y su ‘hay que meter bala a los delincuentes’, interpeló Bregman por Twitter a la ministra. La legisladora sostuvo también que Bullrich “inauguró con el caso Maldonado la doctrina de inversión de la carga de la prueba: el gendarme o represor de turno, tiene razón. El que diga lo contrario, que lo pruebe”, y aclaró que “no es un juego limpio: pone a todo el aparato de Estado y la justicia para encubrir y desviar pruebas”.
