La filosa línea de cornisa por la que caminaba el Gobierno en el caso Chocobar ayer se esfumó y dejó a todos sus operadores cruzando la vereda de los excesos, que en la memoria de este país tiene significación inmediata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no sólo salió a respaldar la invitación del Presidente al policía procesado por matar por la espalda a un asaltante desarmado, sino que además aseguró que el Gobierno va por un “cambio de doctrina”: “Esto (la invitación a Chocobar) es ratificar una mirada que tiene nuestro gobierno, que las fuerzas de seguridad no son... como ocurrió durante muchos años, que fueron las principales culpables a la hora de un enfrentamiento. Estamos cambiando esta doctrina de la culpa hacia el policía, el policía siempre era culpable. ” Punto. La realidad apenas si dio tiempo para inspirar. Un par de horas después, un tiroteo en pleno centro en una persecución policial, con casi un centenar de plomos, esquirlas y vainas desparramadas en la zona de Tribunales, terminó con una jueza, un prosecretario y uno de los asaltantes, heridos (ver página 5). La noche anterior, la del lunes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, abrió la puerta cuando aseguró que la invitación de Macri a Chocobar había sido a pura conciencia, que se conocían los antecedentes y que el Ministerio de Seguridad “tiene todos los videos desde el primer día”. Peña, para reforzar, además de sostener que no se trató de “un error”, le dijo al programa Desafío de C5N que: “No creemos que las señales de respaldo de las fuerzas policiales equivalgan a promover que no se cumpla con la ley o las normativas”. Al día siguiente, la promoción del cambio de doctrina de Bullrich lo desmintió. O, mejor, acomodó las palabras de Peña al cambio de doctrina, a una “nueva legislación”, “Estamos construyendo la doctrina de que el Estado realiza las acciones para impedir el delito”, dijo Bullrich al programa Y ahora quién podrá ayudarmos de Radio Con Vos, y anticipó que la idea del Ejecutivo es introducir en el Código Penal un cambio que habilite a que el policía tenga el beneficio de la duda. Para sí se reservó la capacidad de determinar los marcos del delito a impedir, los bordes de su protagonista, el delincuente a construir, sobre el que estará permitido disparar sin dudarlo. De hecho, se da la paradoja del tiroteo de ayer, durante el que fueron heridos además de un asaltante, una jueza laboral y un prosecretario del fuero civil. El marco, en este caso, indica que a diferencia de Chocobar, los policías intervinientes –si es que se determinara su responsabilidad en las heridas a los funcionarios–, corren más riesgos de que su dedo sea considerado cercano al error policial. De seguro no rozarán siquiera la fantasía del héroe. Pero la declaración de Bullrich abrió la puerta entre las fuerzas de seguridad a que primero se dispare y después se piense si fue error. En este último caso, buscó que no sean considerados culpables, bajo el criterio, bastante certero, de que esa seguridad los habilitará a disparar la próxima vez sin dudas. La ministra de Seguridad subrayó que Chocobar actuó “de acuerdo a todos los protocolos” y explicó que durante su gestión “se homogeneizó el modelo policial en todo el país”. Las declaraciones de Bullrich provocaron la reacción del arco opositor (ver aparte). Las declaraciones de la ministra de Seguridad y del jefe de Gabinete conforman un paquete de acciones en apoyo a la convocatoria de Macri a la mano dura. Pero no quedaron limitadas a la misma fuerza. También Enrique Velázquez, el juez que dispuso el procesamiento de Chocobar por homicidio agravado con exceso en la legítima defensa fue blanco de las acciones del Gobierno. Sin ningún tipo de velos ni de retórica, el lunes el juez Velázquez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura nacional, por “mal desempeño, inhabilidad ético moral y prevaricato”, por el abogado Alejandro Suárez Lynch, un militante de la denuncia, especialmente si viene con el guiño y seña de Cambiemos. Radical, cercano al ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, Suárez Lynch integró el Partido de Renovación Federal, núcleo duro del redradismo, como presidente del Tribunal de Disciplina. Por fuera de esta fugaz figuración, fue el abogado denunciante de la jueza Patricia López Vergara, quien había ordenado a la fuerzas de seguridad medidas de contención, como prohibir la utilización de armas letales durante las manifestaciones contra la reforma previsional, en el Congreso. En el caso de López Vergara, el pedido de jury fue rechazado. En el ámbito judicial fue considerado como “un apriete inadmisible” y la jueza recibió el apoyo de sus pares. El Colegio de Magistrados expresó su “preocupación con motivo de las manifestaciones vertidas por varios sectores de la sociedad a raíz de la resolución judicial dictada por la doctora Patricia López Vergara. Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de cuestionamientos sin que ello autorice el agravio y descrédito personal hacia los Magistrados que han tomado decisiones en los asuntos sometidos a su juicio”, explicaron. En el caso de Velázquez está por verse cómo será el circuito. El juez de Menores procesó a Chocobar y públicamente cuenta con las imágenes del video en el que se ve al joven Pablo Kukoc caer por los disparos del policía sin haberse dado vuelta, lo que apoya fuertemente su resolución. El debate, incluso, se estableció alrededor de que si existió o no la figura de la legítima defensa, aunque considerada con exceso. Pero la resolución del juez, opinable pero dentro del marco razonable de las evidencias, se chocó de frente contra las aspiraciones de Cambiemos por instalar el clima de inseguridad para después levantar la bandera de la mano dura como un cuenta votos en momentos en que muestra evidencias de decadencia. Y como ya lo tienen medido históricamente, la bandera de la mano dura paga. El Gobierno salió a consolidar con fuerza la idea de que en los casos que el propio policía lo determine, al jalar el gatillo pueda quedar exento de la legítima defensa, es decir, que ni siquiera sea necesario argumentar que se estaba defendiendo para sostener su inocencia. La denuncia de Suárez Lynch cierra el paquete del manodurismo macrista. La recibió la Comisión de Disciplina y Acusación del CM, presidida por el hackeado diputado Pablo Tonelli, oficialista. Cierra con pinzas. La realidad se entrometió bajo la forma de una jueza y un prosecretario heridos. Las balas policiales, una vez disparadas pueden impactar en cualquiera, incluso siendo intolerante.
