El juez brasileño que prohibió la salida del país a Luiz Inácio Lula da Silva consideraba que el ex presidente podía pedir asilo político mientras estaba en el extranjero, según detalles de la orden judicial publicados ayer. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lamentó no poder contar con la presencia del brasileño para que comparta su valiosa experiencia en la lucha contra el hambre. El ex mandatario, que puede apelar aún en libertad, tenía previsto viajar ayer a Etiopía para participar en una conferencia sobre el hambre de la agencia de la ONU, pero canceló el viaje por la orden judicial. La defensa de Lula entregó el pasaporte a las autoridades tras el pedido del juez Leite. Las críticas de Lula a la Justicia por los procesos de corrupción contra él van en un sentido “que no se descarta una tentativa de fijar el domicilio en algún otro país”, escribió el juez Ricardo Leite, de un tribunal de Brasilia, en la orden citada por varios medios locales Un tribunal de apelación confirmó el miércoles una condena por corrupción contra Lula y elevó la pena a 12 años de prisión. Uno de los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins, calificó la medida como “inconstitucional”. “La decisión será impugnada porque es incompatible con la Constitución”, protestó. Zanin sostuvo que habían comunicado al tribunal de apelación de Porto Alegre sobre el previsto viaje de ida y vuelta de Lula a Africa, y que la corte no había puesto objeciones. El juez Leite ordenó la retención del pasaporte de Lula da Silva por un juicio por corrupción por cargos de que el ex presidente influyó indebidamente en la compra de 36 aviones suecos por parte del Estado para favorecer a unos empresarios. Lula tiene que responder en total por siete juicios vinculados con la causa anticorrupción Lava Jato. En el primero, fue condenado a nueve años y medio el año de cárcel en primera instancia el año pasado, antes de que el tribunal de segunda instancia rechazara este miércoles su apelación y aumentara la pena a 12 años. El caso de Lula causó un terremoto político esta semana. El ex jefe de Estado anunció que quiere volver a ser candidato en las elecciones de octubre de este año y es actual favorito en los sondeos, con hasta un 36 por ciento de los apoyos. La megacausa Lava Jato, considerada como la investigación anticorrupción más grande de la historia brasileña, salpica a prácticamente toda la clase política del país. Al entregar en la mañana de ayer el pasaporte de Lula a la Policía Federal de San Pablo, su abogado Cristiano Zanin afirmó: “Atendimos la decisión de Brasilia, que a nuestro entender fue indebida porque restringe el derecho de ir y venir del ex presidente Lula”. Lula debía viajar a Etiopía para participar el sábado en una reunión de la FAO. Pero pocas horas antes de abordar el avión, un juez federal emitió una orden para retenerle el pasaporte. “Estamos cumpliendo la orden judicial de decomisar el pasaporte del ex presidente Lula. Nos estamos poniendo en contacto con su asesoría para ver cómo lo recogeremos”, dijo a la prensa un portavoz de la Policía Federal en Brasilia la noche del jueves. El abogado de Lula indicó que tomará “las medidas legalmente correspondientes para revertir esa decision”. Zanin agregó que confían en que la medida sea impugnada “porque es incompatible con la Constitución federal. El ex presidente debe mantener su derecho pleno de ir y venir”. El Partido de los Trabajadores, que el jueves lanzó la precandidatura de Lula, denunció la retención del pasaporte de su líder como un “injustificable cercenamiento de sus derechos”. La FAO lamentó la ausencia de Lula en su congreso de Adis Abeba. “Lamentamos que Lula no pueda compartir en persona su valiosa experiencia en la lucha contra el hambre en la cumbre de Etiopía. El evento del sábado con jefes de Naciones Unidas y la Unión Africana y otros es una gran oportunidad para hablar de progreso del Hambre en África”, señaló la FAO en una reacción divulgada por su director de comunicaciones, Enrique Yeves, a través de Twitter.
