En un allanamiento dispuesto por el fiscal Alvaro Garganta, a cargo de la investigación de las “cajas negras” de la política en la Provincia hasta 2015, se secuestró documentación de la mutual de Sindicato de Prensa de Mar del Plata vinculada presuntamente –según la fiscalía- con pagos de prestaciones de internaciones domiciliarias sin acreditación contable. El operativo fue realizado en el marco de la causa por lavado de dinero, en el período de la gestión de Daniel Scioli, a partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió. Entre las prestaciones de IOMA que encuentran inconsistencias para los investigadores, está cierta logística con la afectación de enfermeros al cuidado de pacientes que permanecían en sus domicilios. “De la comprobación en los archivos de esa mutual surge que no tiene infraestructura para el tamaño de servicios que intentan hacer figurar con IOMA”, explicaron a Clarín en tribunales. ¿Cuál es la sospecha?. “Que esa dependencia funcionó como una cortina para desviar dineros públicos”, insisten desde la fiscalía. La Obra Social de la Povincia (1.200.000 afiliados), está en el foco de la investigación con Lotería y ABSA, entre otras reparticiones públicas, donde en apariencia funcionaban una recaudación ilegal después derivada a la política o patrimonios personales. La Justicia y organismo de control en Buenos Aires se han mostrado particularmente activas en el último tiempo. Incluso el Tribunal de Cuentas bonaerense, responsable constitucionalmente –con la Contaduría General- de monitorear los procedimientos administrativos del estado destapó irregularidades, en el período de gestión anterior, que hasta entonces sólo permanecían en carpetas. Ayer, Garganta volvió a enfilar sus pasos sobre IOMA- Mar del Plata. Los auditores descubrieron que la obra social disponía de 80 software pero sin conexión entre sí de esos programas, en un desorden que presume intencionalidad. “Caos administrativo”, resumen. Hace un año, la obra social en la sede de la Avenida Independencia y Garay de la ciudad atlántica, también fue allanada para un requerimiento de documentación. En aquella oportunidad, la sospecha era por el funcionamiento de una “industria” con recursos de amparos que habilitaban el pago a determinadas empresas, entre ellas –según se consignó- Dar Salud. Entonces, además, se había allanado la casa del ex director del IOMA local, Walter Omar Ceberino. Hasta ahora, por ninguno de los expedientes de IOMA, Lotería, ABSA y otros, el ex gobernador Scioli está procesado; aunque sí declaró en la fiscalía de Garganta. En cambio, fueron procesados el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez y el ex subsecretario Walter Carbone, a quienes se les prohibió salir del país. También la fiscalía dictó procesamientos de varios funcionarios, entre ellos Eduardo Aparicio, ex ministro de Desarrollo Social y Juan Carlos Mancinelli, un empresario cercano a la administración sciolista. Hace un mes, el Tribunal de Cuentas ordenó al ex director de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), Guillermo René Scarcella, investigado por Garganta en la causa “malversación de fondos de la administración pública”, que devuelva - con otra decena de ex funcionarios- , 51 millones de pesos al estado provincial al comprobarse irregularidades en los gastos de la empresa durante su gestión.
