En pocas semanas la causa más delicada en la que está procesada Cristina Kirchner, podrá ser elevada a juicio oral y público. Se trata de la investigación donde fue procesada por estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA, al firmar el Memorándum con Irán. Después que la DAIA en su rol de querellante, pidió la elevación a juicio, hoy lo hizo el abogado Tomás Farini Duggan en representación de los familiares y requirió también por el delito de traición a la Patria. En este expediente, la ex Presidenta está procesada con prisión preventiva (sujeta al desafuero en el Congreso), junto a Carlos Zannini, Luis D´Elía, Fernando Esteche, y Jorge Khalil, todos ellos detenidos. El ex canciller Héctor Timerman obtuvo la la excarcelación ante su delicado estado de salud. Además, están procesados sin prisión preventiva Eduardo Zuain, Angelina Abbona, Oscar Parrillli, Martín Mena, Ramón Bogado y Andrés Larroque. Así, avanza hacia el juicio oral y público la causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman quien acusó a Cristina Kirchner de encubrimiento del atentado de la AMIA al firmar el Pacto de Entendimiento con Irán. Hoy, después de la presentación que realizó la DAIA para que se llegue a la instancia oral, la segunda querella de la causa a cargo de Farini Duggan realizó esta mañana el pedido de elevación a juicio pero incluyó entre los delitos que ya recaen sobre los acusados y que fueron confirmados por la Sala II de la Cámara federal porteña, el de traición a la patria. La principal acusación en la causa, según el juez Claudio Bonadio quien procesó a los involucrados, es "haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la AMIA". Dicho accionar, fue en "desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado, cuya finalidad era, entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán". La voladura de la mutual judía produjo la muerte de 85 personas y lesiones de distinta magnitud a más de 150, "adecuándose lo provocado a lo que se denomina crimen de lesa humanidad, lo que así fue declarado por el Juez de la causa", señala el escrito de la querella al que accedió Clarín. La defensa a cargo de Farini Duggan reiteró el planteo de Bonadio al señalar que cuando en septiembre de 2010 Cristina Kirchner como presidenta de la Nación ofreció en su discurso ante la Asamblea General de la ONU elegir un tercer país en donde llevar a cabo el enjuiciamiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA, comenzaron a "gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales" que mantuvieron funcionarios del Gobierno "con representantes de la República Islámica de Irán que culminaron en la suscripción del llamado “Memorando de Entendimiento". Las partes acusadoras coincidieron al pedir que la ex Presidenta y los demás involucrados vayan a juicio oral, que el Pacto con Irán, fue el medio elegido "para instrumentar el plan delictivo" que el gobierno presentó "mediática y políticamente, luego de su firma y durante el trámite parlamentario, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA". Pese a dicho argumentos, las partes señalaron que en realidad el gobierno anterior "sólo procuró favorecer a los acusados iraníes en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados, y la normalización de las relaciones con Irán" siendo que a este Estado se le imputa "haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en nuestro país". Con este argumento, los familiares representados por Farini Duggan pidieron que Cristina Kirchner sea acusada igual por el delito de traición a la patria, algo que había desestimado la Cámara Federal porteña en su fallo, que -sin embargo-, dejó abierta la posibilidad de que dicho delito sea incluido durante el proceso del juicio. Para ello debía ser requerido por alguna de las partes, y así lo hizo la querella de los familiares en su requerimiento de elevación a juicio oral. Será el Tribunal Oral Federal asignado, el que decida si el delito de traición a la Patria se incluirá. Con los pedidos de elevación por parte de las querellas, el juez Bonadio correrá vista al fiscal Eduardo Taiano que tendrá un plazo de seis días para presentar su requerimiento y allí, finalmente, el magistrado estará en condiciones de elevar la causa a juicio oral y público.
