La ex presidente Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y otras nueve personas serán enviados en las próximas semanas a juicio oral y público por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. El juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada a fin de año parte de la investigación por la denuncia de Alberto Nisman y habilitó la feria judicial de enero para que las partes hagan sus pedidos de elevación a juicio. A fines de febrero o principio de marzo el expediente estará en un tribunal oral, según los plazos legales que estimaron las fuentes judiciales consultadas por Infobae. El 14 de enero, cuatro días antes de morir, Nisman presentó la denuncia penal. Primero fue archivada y en diciembre de 2016 se abrió. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), uno de los querellantes de la causa, pidió ayer que la causa sea enviada a juicio oral. Entre hoy y mañana lo harán familiares de víctimas del atentado a la AMIA, a través de su abogado Tomás Farini Duggan y después el fiscal federal Eduardo Taiano, lo que está previsto para fin de mes o principio de febrero. La DAIA solicitó que vayan a juicio Cristina Kirchner, Timerman, Zannini, el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el dirigente de la comunidad Jorge Khalil, el dirigente social Luis D' Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el agente de inteligencia Alan Bogado. Lo mismo van a solicitar la querella de los familiares y la Fiscalía. Para los acusadores, la causa está cerrada respecto a ellos luego de que la Cámara Federal confirmó sus procesamientos en diciembre pasado. Ese tribunal había pedido que el caso avance a juicio oral. Luego será el turno de las defensas que se opondrán a la elevación a juicio. Todavía resta concluir una parte de la investigación ya que hay cuatro ex funcionarios de Cancillería con falta de mérito y el juez Bonadio señaló que tiene que revisar 136.857 correos electrónicos obtenidos en Cancillería y otros 120 mil de la Procuración del Tesoro. Además, la Cámara Federal pidió investigar el rol en el caso de Héctor Yrimia, ex fiscal con vínculos con sectores de inteligencia, y de Roberto Porcaro, quien aparece mencionado en la causa por Khalil y Esteche. Cada parte -querella, Fiscalía y defensas- tienen seis días hábiles para contestar después de la presentación del otro. Con todos los planteos será Bonadio quien resuelva el paso a juicio del expediente. Los acusados apelaron sus procesamientos a la Cámara Federal de Casación Penal para que los revoque. Esa instancia no frena la elevación a juicio oral pero si Casación sobresee a los acusados no habrá envío a juicio. Luego podrá intervenir la Corte Suprema. La defensa de Cristina Kirchner y de Timerman pidió esta semana que Casación habilite la feria judicial para tratar los procesamientos. El juez entendió que la firma del memorándum con Irán fue un plan criminal del gobierno de Cristina Kirchner para beneficiar a los iraníes acusados del atentado a la AMIA que tenían pedido de captura internacional. Puntualmente se buscaba que Interpol diera de baja las detenciones. Los acusados fueron procesados por los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. La Cámara Federal confirmó los dos últimos delitos, revocó la traición a la patria y sumó el de abuso de autoridad. En la causa están presos Zannini, D´Elia, Khalil y Esteche. Timerman estuvo bajo prisión domiciliaria hasta la semana pasada cuando fue revocada por cuestiones humanitarias para que puede viajar a los Estados Unidos a tratarse el cáncer que padece -y por el que ahora deberá ser operado- y Cristina Kirchner tiene dictada la prisión preventiva con un pedido de desafuero al Senado ya que tiene inmunidad de arresto por ser legisladora nacional. Las defensas sostienen que no hubo ningún plan criminal y que el memorándum fue una decisión política que no se puede judicializar y que fue refrendada por el Congreso Nacional. El objetivo era destrabar la causa judicial del atentado a la AMIA que estaba frenada hacía años porque Irán no detenía y extraditaba a los acusados. Los acusados sostienen que en la causa es clave el testimonio de Ronald Noble, titular de Interpol cuando se firmó el memorándum, y que no fue citado a declarar por el juez Bonadio porque, dijo, puede hacerlo en el juicio. Noble dijo que públicamente que los pedidos de detenciones de los iraníes nunca estuvieron en riesgo con la firma del memorándum. Por el contrario, para Bonadio y la Cámara Federal, Noble podría haber formado parte de los delitos que se investigan en el caso. El memorándum, firmado en 2013 por Argentina e Irán, creaba una Comisión de la Verdad con juristas de ambos países y extranjeros para que analicen el caso y habilitaba al juez Rodolfo Canicoba Corral y a Nisman a viajar a Irán para tomarles indagatoria a los acusados. Cuando la causa llegue a un tribunal oral federal se abrirá otra instancia. Como en el caso hay detenidos, tendrá prioridad para una fecha pronta de juicio. Otro aspecto importante será si habrá investigación suplementaria y si el tribunal espera a que se cierre el resto de la causa que está pendiente en el juzgado de Bonadio para iniciar el proceso.
