El holding del presidente Mauricio Macri y su familia volvió a quedar implicado en una operación para la que "se desplegó desde el Estado nacional una serie de actos que garantizaron un beneficio patrimonial indebido", denunciaron los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Martín Doñate para exigir la investigación de un pase de manos, entre 2016 y 2017, de seis contratos de parques eólicos en Chubut y Buenos Aires adjudicados a la española Isolux y adquiridos por el Grupo Macro y la china Goldwin. El negocio millonario que le habría dejado a la familia presidencial una ganancia de alrededor de 48 millones de dólares estuvo en la compra y reventa de los contratos a cargo un grupo societario creado por un contador cercano a la familia Macri y que tiene como accionista a Sideco-Americana. La estatal Enarsa, el Banco Nación y el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, quedan bajo la lupa. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deberá definir si abre la investigación. La denuncia presentada por los diputados se sostiene en dos notas publicadas por la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil y amplía las relaciones entre el contador Mariano Payaslian, titular de las cuatros sociedades con las que se realizó la compra y venta de los contratos, y la familia Macri, así como la relación del holding de la familia presidencial con la española Isolux, que vendió todas las licitaciones obtenidas al grupo societario creado tras la asunción de Macri como presidente. Payaslian confirmó en la nota publicada por Perfil que Sideco-Americana cuenta con 10 o 12 por ciento de las sociedades creadas, mientras que Socma —Sociedades Macri— cuenta con un porcentaje menor, a pesar de que los nombres de las empresas de la familia presidencial no aparecen en los documentos de Usir, Sideli, Sidsel o Parques Eólicos Miramar SA, las cuatro sociedades creadas por Payaslian. La primera fue Usir, en diciembre de 2015, y la siguieron las otras tres. Con las sociedades Sideli y Sidsel, Payaslian firmó el 19 de octubre de 2016, la compra a Isolux los proyectos de los parques eólicos Loma Blanca I, II, III y IV, que había obtenido por licitación durante el kichnerismo. La transferencia fue de 25 millones de dólares para la empresa española, según publicó Perfil. La aprobación de la compra estuvo a cargo de la estatal Enarsa y el Banco Nación. La creación de la firma Parques Eólicos Miramar SA es particular porque la fecha de su creación es marzo de 2016, siete meses antes de la licitación abierta por el Ministerio de Energía dentro del programa Renovar. La licitación se resolvió un mes después y la ganó Isolux, a pesar de que había sido observada por el ministro Aranguren por el incumplimiento en las inversiones de Loma Blanca, de las cuales ya se había desprendido. "Parece que el contador se tenía mucha fe respecto de que se llamaría a licitación para la explotación del parque de Miramar y de que de una u otra manera se quedaría con la concesión", ironizaron los diputados. El parque Loma Blanca IV, según cita la denuncia, fue vendido a la empresa Gennia entre mayo y septiembre de 2017 por 40 millones. El parque operado por la empresa del Grupo Macro —del banquero Jorge Brito— fue la que el presidente Macri visitó la semana pasada. La ganancia en la triangulación habría alcanzado los 15 millones. En tanto, el resto de los parques fueron adquiridos por la china Goldwin en mayo del año pasado y la diferencia entre la compra y la venta completaría los 48 millones que se llevaron las sociedades integradas por la familia Macri. "Más allá de las notorias sospechas que rodean los actos entre privados respecto a las fechas de constitución de sociedades espejo que en cuestión de días invierten 25 millones de dólares en parques eólicos, las irregularidades en el ámbito del gobierno nacional son evidentes: al menos en la cesión inicial de los contratos incumplidos a una empresa subrepticia, con la aprobación de Enarsa y Banco Nación; y luego en el otorgamiento de las nuevas concesiones, que fueron claramente direccionadas a pesar de las objeciones del propio ministro del área", advierten los diputados en la denuncia. En su denuncia, los diputados ampliaron la red de relaciones que ubican a los Macri en el negociado publicado por la periodista Delfino. Por un lado, Tailhade y Doñate recordaron que Iecsa —la empresa que Ángelo Calcaterra, primo de Macri, compró a su familia y controló hasta el año pasado, cuando se la vendió a Marcelo Midlin, propietario de Edesur— fue socia de Isolux en diversos emprendimientos de obra pública a través de la sociedad Corpus Energía S.A. Los diputados recordaron que en esa sociedad estaba conformada por ODS, holding que controlaba Calcaterra. Fue ese holding el que había salido como garante de Isolux y la Inversora Andina Ibérica, cuya administradora era Pía Monkes Calcaterra, sobrina de Calcaterra y de Macri. Esa sociedad avalada por el primo de Macri resultó investigada por evasión en la justicia española, con la sobrina entre las acusadas. "A pesar de estar 5 imputada por evasión impositiva en España aquí en Argentina es una alta funcionaria de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del combate contra el lavado de dinero en nuestro país. Nada es casual", sostuvieron los legisladores. Tras denunciar la red que une a la familia Macri con la firma española que le vendió las seis parques eólicos a las firmas creadas por el contador cercano al holding de la familia presidencial, los diputados profundizan: "¿Quién es Mariano Payaslian?. Tailhade y Doñate no solo subrayan que el contador público que "el 7 de enero de 2008 asumió como síndico titular de IECSA" y otras compañías del Grupo Macri sino que precisan dos datos relacionados con la compra y venta de los parques eólicos: que Payaslian figuró también como síndico de Sideco-Americana y que "su estudio Gizzi & Payaslian prestó servicios a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Isolux y Iecsa". "Estamos ante la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, uso de información privilegiada, que fueron el marco fáctico sobre el cual se edificó un negocio multimillonario e ilegal que favoreció a la familia presidencial", sostienen los legisladores ante el pedido radicado en el juzgado de Martínez de Giorgi.
