Ignacio Rodríguez Varela entró al Poder Judicial hace 30 años. Allí conoció al fiscal José María Campagnoli, con quien desarrolló gran parte de su carrera y llegó al cargo de secretario. Desde 2005, concursó 36 veces para ser juez, pero el kirchnerismo lo proscribió y Néstor Kirchner, primero, y Cristina esquivaron designarlo pese a que en 27 ocasiones logró ganar su terna, constituyendo uno de los casos más emblemáticos de injusticia en el proceso de selección de los jueces que se vivió en la última década. Sin padrinos políticos, sufrió las consecuencias de que su padre, Alberto, fuera ministro de Justicia durante la última dictadura y abogado del fallecido represor Jorge Rafael Videla. Con la llegada del macrismo al poder, siguió presentándose a concursos -y ganándolos- aunque sin demasiada expectativa ya que era consciente de que no cuadra dentro del arquetipo de jueces que le suele interesar al poder: de personalidad rebelde como Campagnoli, no da garantías de obediencia al poder político. Igual, por recomendación de su mesa judicial y sus asesores más cercanos, tras recibir las ternas del Consejo de la Magistratura, este jueves Mauricio Macri envió su pliego al Senado, proponiéndolo para integrar la Cámara del Crimen. La explicación fue clara: “Queremos a los mejores, no importa el apellido ni la militancia partidaria”. El caso de Rodríguez Varela, dicen en la Casa Rosada, es el paradigma de Justicia independiente que impulsa Macri en su plan de depuración, que continuará en 2018 con una meta más ambiciosa: luego de que en 2017 se definieran 93 ternas de jueces, la idea de Macri es entrar al próximo año con otros 100 nombres propuestos para que el Senado convalide. Al mismo tiempo, busca avanzar con la destitución de los jueces más cuestionados. En ese sentido, al tope de la lista de prioridades del Gobierno figuran el juez Federal Daniel Rafecas, la jueza de Casación Ana María Figueroa y tampoco descartan a Ariel Lijo, pese a que, tal como reveló La Nación el mes pasado, intercedió por él Daniel Angelici, el operador judicial más escuchado por el Presidente. Más allá del impulso que dio la mesa judicial del Gobierno, conformada por el jefe de asesores de Macri, José Torello; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el consejero de la Magistratura Juan Bautista Mahiques, en el Gobierno destacan la reactivación del Consejo. En ese sentido, dentro de un contexto en el que el oficialismo supo articular consensos con los representantes de los abogados y de los jueces, reivindican el aporte que hizo el académico Jorge Candis, uno de los consejeros que, curiosamente, quedó en el centro de la escena en mayo, por haber dilatado con su voto, el inicio del juicio político contra el camarista Eduardo Freiler. “Se mandó esa macana pero ayudó mucho para que el consejo volviera a funcionar”, conceden. En efecto, se triplicó la cantidad de ternas remitidas al Ejecutivo en 2016, cuando Macri recibió sólo 38 vacantes para cubrir. Como tarea pendiente de 2017, Macri aún debe decidir sobre cuatro vacantes clave para la Cámara Federal de Casación Penal, cuyas ternas recibió a principios de mes; y cinco cargos en seis salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Dentro de los 100 cargos vacantes que planea cubrir en 2018, hay algunos que son emblemáticos, como el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la Capital: es el que dejó el renunciante juez Norberto Oyarbide. Hasta que el “Huracán” Elisa Carrió apuntó contra el juez federal Ariel Lijo, quien tenía todas las fichas puestas para ese puesto era Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fuera su secretario durante muchos años y en la actualidad maneja la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial. Pero la avanzada de Carrió sobre Lijo lo dejó complicado. Y ni siquiera lo ayudaría una gestión de su padre, José Rodríguez Ponte, intendente de Cambiemos de la localidad bonaerense de General Lavalle. Ahora, el cargo se lo disputan entre Eugenia Capuchetti (Ministerio Público Fiscal de la Ciudad) y Hernán Blanco, secretario de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Además de una decena de juzgados federales del Interior del país, Macri también deberá definir qué sucede con el cargo que quedó libre luego de la destitución de Eduardo Freiler en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Y, en la previa a la presidencial de 2019, resolverá el Concurso 376, para la estratégica Cámara Nacional Electoral.
