Política

La Provincia decidió sacar de las aulas a los docentes que no tienen título

Desde 2004 regía una excepción por la falta de maestros. Los gremios dicen que son unos 7.000 y se oponen.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió apartar de sus cargos a aquellas personas que estén dando clases en las escuelas y no tengan título ni estén estudiando un profesorado en la actualidad. Las autoridades afirman que, de este modo, están aplicando el estatuto docente, que en sus artículos 109 y 110 establece que el “personal docente” que trabaje en condición de provisional o suplente “cesará” si al finalizar el curso no cuenta con título habilitante. Y que así están defendiendo el derecho de los chicos “a recibir una educación de calidad”. Fuentes del gobierno explicaron a Clarín que hay una gran cantidad de casos de personas sin título que están ocupando cargos docentes “hace más de diez años”, debido a una excepción de 2004 que, ante la falta de docentes, lo había permitido. Desde entonces, dicen, la excepción continuó y no se volvió a aplicar esos dos artículos del estatuto que prohíben ejercer sin título. Los gremios docentes se oponen a la medida. Afirman que son unos 7.000 los “trabajadores de la educación” que se verían afectados, que la medida no fue consultada con ellos, ni comunicada oficialmente, y que “esconde un ajuste” en el sistema educativo de la provincia. “Hay trabajadores docentes que hace años que están en esta condición y es el mismo sistema educativo el que los está calificando año tras año. El sistema los reconoce. Nadie ingresa por ingresar”, le dijo a Clarín Silvia Almazán, secretaria general adjunta de Suteba, el gremio que más alzó la voz en contra de la medida oficial. En los últimos días escaló la polémica y circularon todo tipo de rumores con respecto a quienes eran concretamente los docentes que no podrían renovar sus contratos el año que viene. Sergio Siciliano, subsecretario del Ministerio de Educación de Provincia, le dijo a Clarín que la medida no apunta ni a aquellos docentes que ya se recibieron, ni a los que están estudiando y tampoco los que tengan títulos de áreas especiales. “Es solo para aquellos que estén dando clases sin ningún título, más allá de haber completado la secundaria. Los docentes aplauden la medida. Ahora hay muchos titulados que no tienen lugar en el sistema, porque hay otras personas sin título ocupándolo. No es justo que esto suceda, ni para los docentes ni para los chicos”, dijo Siciliano, que aseguró que no se perderá ningún puesto de trabajo. “El cargo está y lo vamos a pagar, solo que el docente ahora tendrá el título o estará capacitándose”, afirmó. La provincia de Buenos Aires tiene hoy más de 4 millones de alumnos y casi 300.000 docentes, en todos sus niveles. A la carrera docente hoy pueden ingresar tanto aquellas personas tituladas como los estudiantes de profesorados. Se arman listados de orden de mérito, en los que quedan mejor ubicados los que tienen título y luego los estudiantes, ponderados de acuerdo a la los años de estudio y porcentaje de materias cursadas. Desde el gobierno afirman que aún no tienen el número de casos a los que impactará la decisión oficial. Para Suteba son unos 7.000 docentes, algo más del 2 por ciento. La medida iba a implementarse a partir del 28 de diciembre, pero por pedido de los gremios se pospuso al 28 de febrero. “Hay una clara contradicción del gobierno. La gobernadora había convocado a voluntarios y hoy quieren cesar a trabajadores que están hace muchos años dando clases. Además, convocan como parejas pedagógicas a personas de una fundación por decisión política de la gobernadora. Para nosotros, esto sigue la lógica del ajuste”, dijo Alamazán a Clarín. En la Ciudad pusieron límites Ante la falta de docentes, en la Ciudad de Buenos Aires también se convoca a los estudiantes de los profesorados. Pero a diferencia de Provincia, en Capital solo pueden aspirar a un cargo aquellos que tengan, al menos, el 70% de la carrera. Como muchos dejaban de estudiar al entrar a las aulas, el gobierno porteño firmó este año una resolución que no permite seguir en el cargo los que no terminan los estudios después de tres cuatrimestres seguidos.

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