Utilizan la violencia como metodología única de protesta. Sueñan con un Estado mapuche autárquico en la Patagonia. Algunos de sus miembros fueron avalados por el kirchnerismo y la izquierda setentista, recibirían apoyo financiero del exterior y están dispuestos a sembrar el terror. Esta es la radiografía central que elaboró el Gobierno sobre los dos grupos mapuches que tienen en vilo a las poblaciones sureñas de Chile y de la Argentina: la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Durante las últimas horas se intensificó la cooperación y el intercambio de datos de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de la Argentina y Chile para frenar la ola de violencia que sacude el sur chileno y las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. La RAM se hizo conocida en Buenos Aires la semana pasada por el ataque en la Casa de Chubut en pleno centro porteño. Y anoche reclamó con ataques a la prensa frente al Congreso por Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto pasado tras un corte de la ruta 40 de la comunidad mapuche en Esquel. Según un documento reservado del Ministerio de Seguridad al que accedió Infobae, el grupo de resistencia mapuche tiene como uno de sus líderes a Facundo Jones Huala, que está detenido en Esquel por la ocupación ilegal de campos, y Chile pide su extradición por actos de terrorismo y atentados de diversa índole realizados en nombre de la agrupación CAM. En el informe que elaboró el Gobierno sobre el perfil de la agrupación RAM, figuran 77 hechos delictivos de violencia provocados en Río Negro, Chubut y Neuquén desde 2013 por parte de este grupo. "Hubo ataques que van desde incendios, daños, amenazas, privaciones ilegítimas de la libertad, destrucción de maquinaria y abigeato, entre otros delitos", dice el informe de 37 páginas. El grupo de resistencia mapuche se adjudicó en la Argentina estos delitos por medio de panfletos, redes sociales o pintadas con un escudo que los caracteriza. Los blancos elegidos por estos grupos de violentos son diversos: incendios a las tierras de plantaciones forestales; ataques a vehículos de empresarios; la usurpación de estancias de hacendados; ataques a períodicos de la zona; disparos intimidatorios a trabajadores judiciales; ataques a la Gendarmería; daños de los tendidos eléctricos o la ocupación de predios del Ejército, entre otros. La idea es generar un clima de anarquía y violencia extrema. "Es hora de frenar la violencia, unificar fuerzas con los jueces federales y detener sin piedad a los violentos ante delitos en flagrancia. Para eso estamos coordinando labores con las fuerzas de seguridad y las autoridades de Chile", explicó a Infobae un destacado funcionario de la Casa Rosada, donde el presidente Mauricio Macri pidió a la ministra Patricia Bullrich "ir a fondo" con el tema. De esta manera, el Ministerio de Seguridad acordó con las autoridades de Chile aumentar el intercambio de información sobre estos grupos, reforzar el control de los pasos fronterizos y unificar la búsqueda de delincuentes con ayuda de Interpol. A la vez, en los últimos días los gobernadores Mario Das Neves (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén) manifestaron a la Casa Rosada su preocupación por el crecimiento de actos de violencia de la agrupación RAM. De hecho, el jueves pasado funcionarios del Ministerio de Seguridad se reunieron con jueces federales de Río Negro y Chubut, las policías provinciales, los delegados de Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura para intentar unificar criterios de acción antes nuevas acciones de estos grupos violentos. Un día después, un grupo de encapuchados que reivindicó a RAM usurpó la Casa de la provincia de Chubut en pleno centro porteño y rompió todo el local con piedras y martillos. No hubo ningún detenido. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, explicó a Infobae que "es imposible dialogar con estos grupos violentos porque no tienen un interlocutor válido, se muestran con los rostros tapados y no reconocen el Estado de derecho". En el último corte de la ruta 40 en Esquel donde desapareció Maldonado, la Gendarmería asegura que no hubo detenidos y que se incautaron todo tipo de elementos de fuego: hachas, serruchos, martillos, piedras, bombas molotov, motosierras, cuchillos y hasta un "Manual de la Ideología y la nueva guerra", que reivindica el accionar terrorista de los años 70. Se trata de herramientas comunes que usan estos grupos en cada uno de los ataques provocados. Una destacada fuente del Ministerio de Seguridad aseguró a Infobae que el grupo RAM mantuvo en los últimos años reuniones esporádicas con dirigentes de La Cámpora, sectores de la izquierda setentista que reivindican la violencia y organismos de derechos humanos. También aseguró que durante el gobierno de Cristina Kirchner este grupo de resistencia mapuche habría recibido el apoyo financiero de la Universidad Madres de Plaza de Mayo o el Instituto de Asuntos Indígenas. En rigor, estos serían los contactos más naif que habrían tenido la RAM o la agrupación chilena CAM. "Tenemos información de que estos grupos mapuches violentos recibirían financiamiento y apoyo logístico de las FARC de Colombia, grupos extremistas kurdos de Turquía o la agrupación terrorista ETA", dijo un funcionario del gobierno. Por otra parte, fuentes diplomáticas de Chile admitieron ante Infobae que la situación en el sur del país trasandino "es extremadamente más grave que en la Argentina". Es que la CAM es una agrupación mayor en cantidad de miembros que la RAM según evalúan los investigadores. De hecho, en Chile los sabotajes y ataques triplican al accionar de estos grupos como los que hubo en la Argentina. Y hay más detenidos. En la Argentina además de Jones Huala y un par más, no hay demasiados detenidos de la RAM y algunos funcionarios ya encuentran una explicación lógica a ello: los jueces provinciales están atemorizados con estos grupos y prefieren liberarlos o directamente no irrumpir en sus protestas. Más allá de Jones Huala, al que ambas agrupaciones reconocen como un líder, tanto la CAM como la RAM tienen puntos de contactos en común a través de redes sociales, intercambio de información, dirigentes que cruzan las fronteras por vías no habilitadas y el apoyo logístico exterior. Claro que no todos los grupos que reivindican la causa mapuche apoyan los actos de RAM o de la CAM. Las agrupaciones tradicionales rechazan el accionar violento de estos sectores más allá de que coinciden en algunos reclamos como la tenencia de la tierra de sus ancestros. Un dirigente mapuche que prefirió el anonimato explicó a Infobae: "Estos grupos son minoritarios en la comunidad mapuche y con sus actos violentos y amenazas le hacen mucho daño a los reclamos que venimos haciendo desde hace cientos de años nosotros". A la vez, un dirigente de un reconocido organismo de derechos humanos admitió que estas agrupaciones violentas "se apartan de los mecanismos de reclamo legítimo que llevan adelante las comunidades mapuches y son grupos muy radicalizados". El terror está sembrado y el daño hecho. La apuesta mayor del Gobierno ahora es frenar de lleno el accionar de estos grupos para que la peste de la violencia no se propague como fuego. No será tarea fácil. Pero el riesgo de dejar que avance la RAM o la CAM en la Patagonia es extremo: estos grupos violenctos tienen como rehenes a empresarios, camioneros, trabajadores judiciales, empleados de turismo y al ciudadano común. 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