Los diputados Elisa Carrió, Nicolás Massot, Miguel Bazze, Silvia Lospennato, Paula Oliveto y Juan López presentaron este viernes una denuncia para que la justicia investigue la posible comisión de delitos durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados. "Venimos a interponer formal denuncia a fin de determinar posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos durante la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación de fecha 14 de diciembre de 2017, y que podrían implicar la comisión de los delitos tipificados en los artículos 211 y 241 del Código Penal de la Nación", señalaron en un escrito que presentaron. "Queremos poner en conocimiento de la Justicia los hechos ocurridos en el día de ayer en el Congreso de la Nación que, a nuestro juicio, revisten de extrema gravedad institucional y, además, podrían eventualmente derivar en responsabilidades penales por parte de quienes los han llevado a cabo", sostuvieron en la presentación, que también se refiere al clima de violencia y a la presencia de personas no acreditadas en las reuniones de las Comisión de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, por la que en Cambiemos acusan a algunos de los legisladores de la oposición. Luego de repasar los hechos, el escrito apunta expresamente contra el diputado Leopoldo Moreau y otros legisladores a los que no identifica. "Resulta evidente que estuvimos frente a un plan organizado para atentar contra las instituciones públicas y el normal funcionamiento del Congreso y, por ende, de las instituciones democráticas y el orden constitucional", indicaron los congresistas de Cambiemos. Asimismo, advirtieron que "los hechos violentos en el recinto comenzaron aún antes de que se logre alcanzar el quórum" y que "todo se podrá probarse con los videos y demás constancias de la sesión de la Cámara de Diputados". Por último, consideraron que las conductas de los diputados opositores podrían encuadrar en los artículos 241 y 211 del Código Penal. El primero establece una pena de 15 días a seis meses a prisión a quien "perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos" y el segundo tipifica la "intimidación pública" que tiene una pena de hasta 6 años de prisión.
