El memorándum de entendimiento con Irán, propuesto por el Gobierno de Cristina Kirchner y aprobado por el Congreso, de mayoría Kirchnerista, finalmente no se ejecutó. Ese es el argumento con el que los implicados en la denuncia por presunto encubrimiento buscan "zafar" de la Justicia. La estrategia, que había sido avalada por el juez Daniel Rafecas, hoy cuestionado por desestimar la investigación, fue impulsada por su par de los tribunales federales, Claudio Bonadio. El magistrado decidió ayer procesar con prisión preventiva y trabar embargo a la expresidenta por 50 millones de pesos. Para poder detenerla, pidió su desafuero. Otros exfuncionarios y aliados fueron arrestados en las últimas horas y ya pasan sus días en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz: Carlos Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche, Jorge "Yussuf" Khalil. Por su estado de salud, Héctor Timerman quedó con prisión domiciliaria. Bonadio decidió además el procesamiento sin prisión preventiva del exjefe de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, de su segundo Juan Martín Mena, del diputado de La Cámpora Andrés Larroque y de la exProcuradora del Tesoro Angelina Abonna. Ninguno de ellos podrá salir del país. Marcelo Bonelli explicó en Clarín y en TN, cuál era el objetivo del pacto que podría llevar a la cárcel a la expresidenta: "Cristina ofreció impunidad a los autores del atentado a la AMIA a cambio de una ayuda económica equivalente a 10.000 millones de dólares. Así lo dicen los documentos secretos que se encuentran en sede judicial y las escuchas que aún se mantienen en secreto en la causa AMIA". En el expediente, quedó acreditado que Khalil, delegado informal de Irán, habla de esa cifra con Mohsen Rabbani, exagregado cultural en Buenos Aires y uno de los ideólogos del atentando. Los iraníes acusados de la voladura de la AMIA obtendrían beneficios políticos a cambio de venta de granos, tecnología nuclear y abastecimiento de energía. "Se quería cambiar impunidad con dinero", evaluó Bonelli. Se buscó así revertir el estancamiento económico que el país enfrentaba a causa del cepo al dólar y la crisis energética. En 2015, cuatro días antes de ser encontrado muerto en su departamento de las torres Le Parc, de Puerto Madero, el fiscal Alberto Nisman denunció a la entonces Presidenta y los implicados en esta negociación. El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes, dijo que había "desesperación" de los involucrados en la denuncia de Nisman para que no se investigara. Moldes presentó varios recursos para que la investigación se reabriera tras la decisión de Rafecas. "Pusieron al servicio de esa misión (que no se investigara la denuncia) a un montón de gente de la Justicia, de la administración pública, de la prensa, que decía que no se podía investigar. Se podía", completó Moldes, en declaraciones a Radio Mitre. Además, criticó el argumento de que el Memorándum de Entendimiento con Irán fue un acto de gobierno y, como tal, no puede ser judicializado. "Un acto de Estado no debe ser investigado; un acto de gobierno, cuando hay indicios de que ha tenido connotaciones delictivas, debe ser siempre investigado", sostuvo. Ayer, en conferencia de prensa desde el Congreso, Cristina se defendió: "Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. El memorándum fue un acto de política exterior". Moldes destacó el hecho de que, más allá de las medidas que el juez federal Claudio Bonadio tomó ayer, la denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de ser hallado muerto se esté investigando. "Parece que la denuncia de Nisman, tan mamarracho no era", concluyó.
