No tuvo ni tiempo de disfrutar de su regreso al Congreso como senadora. El juez Claudio Bonadio aguó la fiesta con un fulminante procesamiento en la que, según sus propias palabras, es la causa que más preocupa a Cristina Kirchner: la que acusa a la ex Presidenta de haber colaborado para lograr la impunidad de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. Aunque el retrato de Cristina que a ella más le gustaría difundir está poblado de manchas cada vez más grandes y oscuras por las numerosas causa de corrupción que la tienen como estrella -y que ayer recibieron otra pincelada por parte de la Cámara Federal, que ratificó su procesamiento como jefa de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero- el golpe de hoy es mucho más doloroso para ella: las coimas y sobreprecios en la obra pública podrían disimularse en el paisaje general de la política argentina, pero la entrega de la sangre inocente derramada en el peor atentado terrorista de la historia nacional a cambio de algún beneficio personal o partidario es más de lo que cualquiera puede tolerar. Aunque la comparación no es exactamente equivalente, podría recordarse el abismo en el que cayó Carlos Menem cuando a la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador -un negociado vergonzante frente a aliados históricos como Perú, pero que seguía bajo el paraguas "comprensible" de la corrupción- se vinculó la tragedia de Río Tercero, con sus explosiones y sus siete muertos. Era demasiado. En un expediente en el que trabaja hace tiempo, Bonadio reunió pruebas y testimonios respecto al funcionamiento habitual de la cancillería y su sistema de decisiones. ¿Pudo haberse gestado el pacto con Teherán como una iniciativa diplomática que pasó todas las instancias técnicas habituales para cualquier tratado, en la cual Cristina sólo haya buscado una vía para encontrar justicia por el atentado? La respuesta del juez es terminante: no. Por el contrario: el acuerdo fue alumbrado por una diplomacia paralela cuyos actores eran personas de la más estrecha confianza de la ex Presidenta, que movieron cada pieza por expresa orden de ella. ¿No era lícito tratar de destrabar la causa AMIA por cualquier camino? No, responde Bonadio, si ese camino implica admitir la culpabilidad de los iraníes acusados -como lo hizo el ex canciller Timerman en un tenso diálogo con líderes de la colectividad judía- y luego aliviar su situación judicial permitiendo que no sean indagados por el juez argentino y eventualmente que también sean librados de las incómodas alertas rojas de Interpol que los perseguían en todo el mundo. La denuncia judicial por la que el fiscal Alberto Nisman entregó su vida permaneció congelada dos años, hasta que la Cámara de Casación ordenó investigarla sobre el filo de la Navidad pasada. Las maniobras e intrigas con las que el kirchnerismo buscó evitar que el expediente se abriera fueron una clara y persistente alerta sobre la preocupación que Cristina le dedicaba al asunto, y lo que era capaz de hacer para coagularlo. De hecho, en estos días se discute en el Consejo de la Magistratura el desempeño del juez Daniel Rafecas en el caso. El magistrado se negó a investigar la denuncia de Nisman, y los consejeros hurgan en una posible coordinación con el gobierno K para colocar aquella lápida, que luego fue remachada por otra tanda de jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo: el ahora destituido camarista Eduardo Freiler, su entonces inseparable y ahora redimido colega Jorge Ballestero y el fiscal Javier De Luca, quien en lugar de golpear las puertas de la Casación para que abriera el caso, como es su función, hizo lo imposible por evitarlo. Mientras tanto, Bonadio seguía adelante con su expediente por supuesta traición a la Patria, al que luego se sumó la renacida causa por la denuncia de Nisman. En sus miles de fojas, fueron emergiendo las pruebas y los testimonios sobre una supuesta operación para beneficiar a Irán. Otra mancha oscura para la senadora bonaerense. Y muy difícil de limpiar.
