El gobierno de Mauricio Macri acordó hoy con los gobernadores patagónicos afectados por las tomas de tierras con hechos de violencia perpetrados por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) un protocolo de colaboración y prevención contra la violencia política. La Casa Rosada calificó el encuentro como "muy positivo". La primera resolución fue convocar a la conformación de un comité integrado por los ministros nacionales y provinciales de Seguridad y Justicia para la aplicación de políticas públicas tendientes a resolver la cuestión mapuche. Se abordaran así cuestiones vinculadas a los pueblos originarios, y puntualmente a la problemática RAM. Del acuerdo participaron los gobernadores Omar Gutierrez, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro, y Mariano Arcioni, de Chubut. "Queremos darle mayor participación en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) a las provincias para mejorar los mecanismos de registro y de tierras", dijo a LA NACION una fuente oficial que participó del encuentro. La Casa Rosada quiere separar así el conflicto de los mapuches que legítimamente reclaman por tierras que consideran propias de aquellos grupos radicalizados, como la RAM, que ejercen medidas de acción directa y de violencia política para obtener objetivos políticos. Por el Gobierno asistieron el jefe de gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Justicia, Germán Garavano, y del Interior Rogelio Frigerio que convocó a los mandatarios. También participaron el vicejefe de gabinete Gustavo Lopetegui y el secretario de Interior, Sebastián García de Luca. Según confiaron a LA NACION altas fuentes oficiales, también se coordinaron esfuerzos para pedirle a los juzgados provinciales ordinarios encuadrar los atentados en el delito federal previsto en el artículo 213 bis del Código Penal de atentado contra el orden público, para que de ese modo las causas por atentados no sean tratadas como delitos ordinarios sino que sean transferidos a los juzgados federales. La semana que viene se volverán a reunir y emitirán un documento público con el comité ya formalizado. En ese documento se declarará en funciones la comisión de articulación entre la Nación y las tres provincias que contendrá la resolución tema Mapuche, reglamentación de la ley de tierras de pueblos originarios y la rápida resolución de conflictos, por un lado, y la comisión de seguridad caracterizando claramente al RAM como grupo violento fuera de la ley.
