Bajo el mando de Ricardo Echegaray, la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) no sólo permitió que los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa acumularan una deuda fiscal por $ 8000 millones. Además, para forzar el sobreseimiento del constructor Lázaro Báez en una causa por evasión agravada, le ocultó a la Justicia que el presunto testaferro de los Kirchner le adeudaba otros $ 1700 millones en impuestos impagos. El dato consta en un informe de 31 carillas que la actual gestión de la AFIP le presentó el 13 de noviembre al juez federal Sebastián Casanello. El magistrado investiga a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero, y busca determinar el delito precedente y la cadena de complicidades que le permitieron expandir su patrimonio durante los años de gobierno kirchnerista. "La suma total, sin multa, ascendió a un monto superior a los mil setecientos cincuenta y cuatro millones de pesos", precisó el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP - DGI, Jaime Mecikovsky, quien para evitar cualquier confusión expresó la cifra evadida en números: 1754.000.000 de pesos. Para llegar a ese monto, técnicos de la AFIP completaron las "reinspecciones" de todas las empresas de Báez que durante el kirchnerismo se manipularon en Bahía Blanca -regional que Echegaray disolvió cuando surgieron los primeros datos incómodos- y en la dirección Microcentro. Basado en esas "reinspecciones", Mecikovsky alertó a Casanello que su colega, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart (quien entre 2014 y 2015 investigó por evasión a Báez), "fue engañado por la conducción de la AFIP de entonces", en alusión a Echegaray y su número dos, Rubén Ángel Toninelli. ¿Cómo? "Con informes falaces para llevarlo a sobreseer a los responsables de Austral Construcciones". Es decir, a Báez y a sus lugartenientes. Ahora, Mecikovsky presentó 15.000 fojas de documentación respaldatoria ante López Biscayart, así como las conclusiones finales a Casanello de las auditorías cuyos hallazgos preliminares le había anticipado en abril de este año. En aquel momento, Echegaray alegó una "persecución política" y deslindó toda responsabilidad en los técnicos: "La determinación del monto de los impuestos es resorte exclusivo de la línea operativa de la DGI, no de la AFIP", planteó entonces a LA NACION, a través de un colaborador. Pero Mecikovsky no se limitó a Echegaray. Apuntó también contra Toninelli, quien lideró la Dirección General Impositiva (DGI) desde agosto de 2008, tras el desplazamiento de su antecesor, Horacio Castagnola, quien volvió al puesto con el arribo de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Apoyado en documentos y testimonios de técnicos y funcionarios de la AFIP identificados por sus nombres -y que están dispuestos a ratificarlo ante la Justicia-, Mecikovsky detalló cómo Toninelli y su familia celebraron "con champagne" la caída de Castagnola, y cómo comenzaron a favorecer a Báez en cuanto controlaron la DGI. Mecikovsky aportó, por ejemplo, el correo electrónico que en 2009 le mandó el entonces jefe de Sección Recaudación Eduardo Roccatagliata, para informarle que había recibido al presidente de Austral Construcciones Julio Mendoza -procesado ahora por presunto lavado-, y que la reunión terminó en una discusión. Mendoza le reclamó a Roccatagliata que la agencia de la AFIP en Resistencia, Chaco, le reclamara impuestos a una de las empresas de Báez, llamada Sucesión de Adelmo Biancalini SA. Y a los gritos, tras decirle que "se deje de joder", le espetó que Toninelli "es amigo nuestro, así que no hay apuro", para luego añadirle: "Es más, es empleado nuestro". "El señor Roccatagliata está dispuesto a ratificar lo que expresó testificando personalmente", aclaró Mecikovsky al juez Casanello. "En su testimonial podrá además dar cuenta que quien se había presentado en 2007/2008 para regularizar las deudas de la Sucesión de Adelmo Biancalini fue el doctor Federico Toninelli", completó, en alusión al hijo del ex titular de la DGI, cuyo vínculo con Badial, otra empresa de Báez, reveló LA NACION en abril de 2013. Para Toninelli, sin embargo, todo lo que ahora sale a la luz es mentira. Y reaccionó indignado ante las últimas publicaciones de LA NACION. Consideró que son "interpretaciones sesgadas y falaces" de su actuación, que lo dañan a él y a su familia, en particular a su hijo, Federico. Diversos testigos, sin embargo, dan otra versión. La caída de Castagnola y su equipo llevó incluso a los Toninelli a celebrar "con champagne" en su estudio jurídico, según la directora general de Rentas de Tucumán, Graciela Acosta, quien también está dispuesta a confirmarlo ante la Justicia. Lo mismo el director de la Regional Junín, Néstor Pulido, quien recordó cómo el hijo de Toninelli defendía ante la AFIP a las empresas que "terminaron dando origen al caso Skanska". "Federico Toninelli se hacía llamar y se lo conocía como «el Príncipe» (y no por Maquiavelo, precisamente) en el ámbito de las Direcciones Regionales Metropolitanas (de la AFIP)", remarcó Mecikovsky en su presentación judicial, "y se sugería que así se lo aludiere cuando se conversaba telefónicamente con él para evitar nombrarlo ante la posibilidad de que los teléfonos estuvieren intervenidos". No sólo eso. También indicó que otros funcionarios de la AFIP, como Gustavo Uría, Norman Williams y Camilo Merino, Silvia Huici, Carlos Blanco, Mónica Folchi y Marcelo Paviotti están dispuestos a declarar sobre la "protección" que recibió Báez dentro del organismo, y la "persecución" que sufrieron por no sumarse al entramado de complicidad oficial. Por eso, indicó Mecikovsky, basado en lo que ocurrió dentro del organismo con las deudas de López y Báez, "no debería caber ninguna duda de que la decisión estuvo en las cúpulas de la AFIP y de la DGI, por el carácter de «mandatario oculto», por no decir testaferros en diferentes grados, pero testaferros al fin, que ostentaron los zares de la obra pública y del juego". Los presuntos favores impositivos para el empresario Desde la actual AFIP se entregó al juez federal Sebastián Casanello un informe de 31 carillas que comprometerían a Ricardo Echegaray por haber ocultado a la Justicia que Lázaro Báez tenía deudas. El escrito busca determinar que existió el delito precedente y la cadena de complicidades que le permitieron crecer a Báez, investigado por lavado de dinero, durante la era kirchnerista. Según consta en el informe de la actual conducción de la AFIP, el ex funcionario le ocultó a la Justicia que el empresario Lázaro Báez le debía al fisco más de $ 1754 millones. El organismo cree que la omisión de Echegaray tenía detrás el objetivo de engañar a la Justicia para que sobreseyera a Báez, presunto testaferro de la familia Kirchner, en una causa por evasión agravada. El empresario quedó en la mira judicial luego de que se revelara la existencia de facturas truchas en los balances de Austral Construcciones, que habrían sido formuladas por una asociación ilícita fiscal con empresas de tres familias bahienses. Cuando se comenzó a investigar la maniobra de esas facturas, Ricardo Echegaray disolvió la regional de la AFIP en Bahía Blanca. Los facsímiles, firmados por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP - DGI, Jaime Mecikovsky, se basan en las "reinspecciones" de todas las empresas de Lázaro Báez en Bahía Blanca y en la dirección Microcentro. En el texto, el funcionario le indica al juez federal Sebastián Casanello que la Justicia había sido engañada por Echegaray para favorecer al dueño de Austral Construcciones.
