La comunidad Lakfen Winkul Mapu aceptó hoy que se realice una inspección ocular en el predio de Villa Mascarsdi donde el pasado sábado murió de un balazo Rafael Nahuel , en el operativo desplegado por el Grupo Albatros. Así lo informaron tras culminar la mesa de diálogo con enviados del Gobierno, el obispo de Bariloche Juan José Chaparro y organismos de derechos humanos. Según pudo conocer LA NACION de fuentes con acceso al expediente, en la causa que lleva el juez federal Gustavo Villanueva, caratulada como "NN/ sobre muerte dudosa", todavía no hay imputados, mientras que esta tarde se tomó la primera testimonial a un empleado de ACA que estaba cerca del lugar de los incidentes. Hoy las comunidades mapuches desconocieron explícitamente al movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). "El Lof (Lakfen Winkul Mapu) y las comunidades mapuches autoconvocadas dejan en claro que no reconocen la existencia de una organización denominada RAM", manifestaron en el escrito. "Dejamos en claro que desde el primer momento la comunidad acepta la realización de una inspección ocular, porque la primera preocupación es el esclarecimiento del asesinato de Rafale Nahuel", agregaron en un acta conjunta firmada por todos los miembros de la mesa de diálogo. Villa Mascardi, el centro del conflicto, visto desde un drone Los representantes de Abogados Derechos por la Igualdad, que fueron aceptados como querellantes por la familia de Rafael Nahuel y comenzaron a tener acceso al expediente, hoy aseguraron que ni Fausto Jones Huala ni Lautaro González, los dos mapuches que estuvieron detenidos entre el sábado y el miércoles, están imputados por la muerte del joven de 22 años. Además, salieron al cruce de la versión manifestada por el Ministerio de Seguridad, que afirmó que hubo un fuego cruzado durante el enfrentamiento. "En la primera indagatoria que se hizo pública (la realizada a los mapuches detenidos el domingo) dice claramente que no hay armas de fuego en posesión de la comunidad", afirmaron los abogados. Desde el Ministerio de Seguridad se muestran confiados en que se probará la tesis del enfrentamiento armado. "El juez tiene las pruebas de las armas", aseguran, aunque se resisten a dar detalles porque en la causa original, por el delito de usurpación, Villanueva dictó el secreto de sumario. La mesa de diálogo pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de diciembre. De esta forma, se decidió darle tiempo a las comunidades mapuches para que continúen su deliberación interna. Los lof deben ponerse de acuerdo para elevar una propuesta al Gobierno. La duda es si primará una postura conciliadora que se enmarque dentro de la ley, como quiere la mayor parte de las comunidades, o si se mantendrá la intransigencia a la que abonan algunos grupos. La enviada del Ministerio de Justicia, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis reiteró hoy que acepta la continuidad del diálogo pero que la solución de fondo llegará solo si la comunidad Lakfen Winkul Mapu deja el terreno emplazado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Aunque por ahora Villanueva no ordenó nuevos operativos con las fuerzas de seguridad, la tranquilidad que primó en los últimos cuatro días pende de un hilo. Hoy los mapuches manifestaron que les "preocupan" los rumores que circulan sobre otro operativo de desalojo en la comunidad.
