El juez Julián Ercolini ordenó la apertura de las cajas de seguridad de ex funcionarios kirchneristas procesados en la causa por el direccionamiento de la obra pública. El pedido fue realizado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y alcanza las cajas de seguridad franjadas de Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner y José López. Fueron los funcionarios vinculados a la obra pública durante el gobierno kirchnerista y están acusados junto a Cristina Kirchner, de integrar una "asociación ilícita" que entre 2004-2015, se dedicó a "cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial en Santa Cruz". Los contratos tenían un único destinatario: Lázaro Báez y la "jefa" de esta asociación, para la justicia, fue la ex Presidenta. En el marco de esta causa que está próxima a ser elevada a juicio oral, y con el objetivo de evitar que sobre los activos que deben ser alcanzados por los embargos trabados sobre los principales imputados por 10.000 millones de pesos, "se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial", los fiscales pidieron que se disponga el secuestro y depósito judicial "de los bienes muebles registrables. En cuanto a Julio De Vido, el listado incluye una propiedad y dos vehículos. El detalle respecto a José López contempla siete inmuebles, una embarcación y un auto. Carlos Kirchner tiene ocho propiedades, una embarcación y siete automóviles. Además de esto los fiscales habían pedido que para hacer un avance más efectivo del patrimonio de los investigados, se ordenara por primera vez la apertura de las cajas de seguridad franjadas de todos -De Vido, López y Carlos Kirchner- como también un inventario y secuestro de su contenido. Así lo ordenó hoy el juez Ercolini, y en caso de que haya en las cajas de seguridad bienes de "valor pecuniario", se ordenó un "embargo inmediato". Será la primera vez que una medida de estas características se implemente sobre De Vido y José López, ya que a la familia Kirchner le abrieron las cajas de seguridad del Banco Galicia el año pasado y ordenaron el embargo de 5 millones de dólares. La justicia busca resguardar los activos de cualquier posible deterioro que "conspire contra la garantía patrimonial" y por ello, se pidió el secuestro y depósito judicial de inmuebles. Esta medida alcanza a los depósitos en el Banco Nación como también los plazos fijos de renovación automática. Estas medidas, que buscan hacer efectivo el embargo ordenado en la causa que investiga la corrupción en la obra pública, y pensando un escenario futuro de un posible decomiso, incluyen a varias empresas de Lázaro Báez. Sobre las mismas, los fiscales pidieron una inhibición general de bienes y prohibición de innovar sobre: Austral Construcciones, Adelmo Biancalani, Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, Gotti SA. Julio De Vido y José López se encuentran detenidos en diferentes causas. El ex ministro de Planificación Federal está preso por administración fraudulenta en la causa por la compra de buques de gas natural licuado (GNL) y el ex secretario de obras públicas, por la investigación por enriquecimiento ilícito.
