No habrá tregua ni negociación. El Gobierno trazó una línea: no hablará con los miembros del Lof Laufken Winkul Mapu, vinculado presuntamente a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), y no permitirá que las fuerzas de seguridad, requeridas por la Justicia para realizar los operativos en la zona, participen de acciones sin armas de fuego. Fue un mensaje de respaldo hacia la Prefectura, pero también de presión para al juez federal Gustavo Villanueva, a cargo de la investigación del hecho. Es que el Gobierno rechazó la convocatoria a una mesa de diálogo a la que convocaron el magistrado junto al obispo de Bariloche, monseñor Juan José Chaparro, representantes de la APDH y en la que también está involucrado el dirigente social Juan Grabios. "No vamos a permitir que vuelvan a palpar a un policía, un prefecto o un gendarme. Tampoco vamos a enviar fuerzas de seguridad desarmadas contra un grupo violento, preparado en tácticas militares y con armas de fuego", dijo un integrante del Gabinete. En el Gobierno aún está fresca la imagen de los mapuches requisando a los policías en plena investigación por el caso de Santiago Maldonado. "Es una advertencia", expresaron fuentes oficiales. Tras una larga negociación con los mapuches, la Justicia federal había acordado ingresar hoy al predio ocupado en Villa Mascardi para levantar rastros y realizar los peritajes criminalísticos en la escena donde anteayer murió baleado Rafael Nahuel, en circunstancias que aún están siendo investigadas. Finalmente, sin dar explicaciones, los miembros del Lof Laufken Winkul Mapu, no permitieron el ingreso. Ahora dicen que será en cuatro días. Al igual que con la Gendarmería, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apoyó el accionar de la Prefectura en el violento enfrentamiento con la comunidad mapuche en Villa Mascari, y que terminó con la muerte del joven Nahuel. La decisión de salir a defender a la fuerza y rechazar el diálogo con los violentos, identificados como integrantes del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), se tomó ésta mañana en una reunión en la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano y Bullrich. "Nos quieren invertir la carga de prueba. Llevamos adelante una acción legal y legítima. No vamos a dejar que nos caguen a tiros. . . ", se defendieron cerca de Bullrich.
