El polémico juez federal Norberto Oyarbide archivó, prácticamente sin investigar, en febrero del 2010 una causa en la que se investigaban irregularidades en las tareas de reparación de media vida del submarino San Juan. La causa quedó archivada en el juzgado que ahora dirige Sebastián Casanello. Si aparecen nuevos elementos de prueba, el juez podría ante una denuncia reabrir la investigación o mandar el expediente 15.373 a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yánez, como antecedente para la causa en que se investiga el accidente del San Juan. Este antecedente clave, al que accedió Clarín de fuentes judiciales, también será de utilidad para la comisión investigadora que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, creó para saber qué pasó con el submarino más moderno que tenía la Armada. La denuncia había sido realizada en 2007 por el suboficial José Oscar Gómez contra el entonces jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, además de Jorge Dacharry, Ricardo Efrain y Carlos Herrero, entre otros. Se refería a tareas de mantenimiento del San Juan en el Astillero Domecq García. El fiscal de la causa era Eduardo Taiano. El Domecq, junto con Tandanor, ahora integran el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR). Gómez manifestó que “durante las tareas de mantenimiento del San Juan realizadas entre 2005 y 2006 se produjeron varias irregularidades y manejos espurios como la contratación de empresas privadas para trabajos realizados para dicho mantenimiento y reactivación de la nave”. “Lo que en la práctica fueron llevados a cabo por personal de la Armada sin perjuicio de lo cual a dichos contratistas se les abonaban grandes cantidades de dinero”, agregó el denunciante. “La cara visible de dichas empresas sería una persona que respondería al nombre de Daniel Adrián Fornés”, agregó. Puntualizó que “los trabajos de menor entidad le fueron adjudicados a una firma denominada Marena SRL, propiedad de Claudio Di Bartolo”. El suboficial denunciante, antes de la denuncia penal, había hecho una administrativa ante el Ministerio de Defensa, cuando lo manejaba Nilda Garré. Gómez había acompañado una serie de fotografías, el libro de registro de entradas de camiones de la empresa Terminal Panamericana, un registro que prueba el robo de metales del submarino Santa Fe -que también estaba en el astillero y sin terminar- y una copia de la sanción que le habían aplicado por sus quejas. También denunció el “alquiler precario de las naves (sectores) del astillero a empresas particulares como Terminal Panamericana, la evasión de controles de Aduana y el desvío de muebles y otros materiales a lugares desconocidos que habían sido comprados con dinero del astillero y que habrían sido llevados a domicilios de los jefes militares”. Gómez manifestó también “se habrían fraguado o simulado fracturas y se habrían facturado sobreprecios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero”. “Las reparaciones en gran medida habrían sido realizadas por personal propio de la Armada”, agregó. Luego denunció el “vaciamiento de un edificio de la fuerza conocido como número 7, llevándose del lugar metales para ser vendidos en el mercado negro, además del robo de materiales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis”. En la causa se agregó una auditoría interna del Domecq García remitida por la Unidad Coordinadora del Area de Transparencia del Ministerio de Defensa. El informe señala una serie de defectos en el astillero que “sumados a la debilidad del sistema de control y seguimiento de las prestaciones y contraprestaciones propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades”. Seguidamente, Oyarbide le tomó declaración testimonial al encargado de la auditoría, contador Jorge Argüello, quien dijo que se llegó a la conclusión que “era muy difícil corroborar esas irregularidades denunciadas”. Entonces, concluyó que ”entonces corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones, al menos hasta que se arrimen nuevos elementos de juicio que permitan avanzar”.
