Cristina Kirchner se encamina a enfrentar el pedido de indagatoria que más le preocupa: la denuncia por encubrimiento de Irán en la causa de la AMIA que le hizo el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte violenta y misteriosa en enero del 2015. El fiscal que heredó esa denuncia, Gerardo Pollicita, reunió más pruebas para fundamentar la acusación de su colega muerto y antes de fin de mes pediría la indagatoria del ex canciller Héctor Timerman, del piquetero ultra K Luis D'Elía y de la propia Cristina, entre otros, según fuentes judiciales. Las nuevas pruebas van desde testimonios clave hasta el cruce de llamadas telefónicas y mails de Cristina y antes, durante y después de la firma del polémico pacto con Irán del 2013 por el atentado contra la AMIA de 1995 en que Irán está acusado de ser el autor intelectual. Los que conocen las resoluciones de Pollicita en esta causa, en la cual ha sufrido amenazas y todo tipo de presiones para no avanzar, consideran que se inclinará por mantener la acusación del supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA de 1995 y no por supuesta traición a la Patria. Pollicita y el juez Ariel Lijo tenían la causa por encubrimiento desde la muerte de Nisman, que el kirchnerismo congeló durante casi dos años y la Cámara Nacional de Casación reabrió a fines del año pasado. Paralelamente, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano investigaron la causa por traición a la Patria contra Timerman basada en un audio -revelado por un libro de investigación sobre la muerte de Nisman- en que el ex canciller dice que la bomba de la AMIA “la pusieron los iraníes”. A fines de mayo, la Cámara Federal porteña le sacó la causa a Lijo y la unificó con la de Bonadio porque trataban dos objetos procesales parecidos, pero por ahora sigue en manos de las dos fiscales aunque la de Pollicita está mucho más adelantada. Entonces, Pollicita viene acumulando pruebas para sostener la causa de su colega muerto y pedir esas indagatorias a Bonadio quien le delegó la investigación. Si el juez eventualmente las acepta Cristina deberá declarar como sospechosa, por primera vez, en una causa con trascendencia internacional y bajo la acusación de haber encubierto el atentado más grave que sufrió la Argentina en toda su historia. Ahora Bonadio tiene la otra causa con la carátula “Traición a la Patria” por la denuncia que formuló un abogado y hipotéticamente incluir este otro delito, pero sería más difícil de probar. A favor de esta eventualidad, están los fallos del camaristas federal Eduardo Farah y de su superior de Casación Nacional, Juan Carlos Gemignani que entendieron que la firma del pacto con Irán significó entregar a otro estado la jurisdicción judicial para investigar lo que está prohibido por la Constitución por tratarse de un hecho ocurrido en territorio argentino. Sería esta arista y no la de una clásica traición contra el estado argentino y a favor de otro estado. Por lo pronto, Pollicita espera el resultado de un peritaje sobre los llamados telefónicos, mensajes de texto y correos electrónicos del ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la gestión de Oscar Parrilli, Juan Martín Mena. Como la ex consejera legal de la Cancillería Susana Ruiz Cerutti no emitió un dictamen sobre el pacto con Irán, la duda es quién redactó el texto del tratado impulsado por Timerman y Cristina. Algunas fuentes adjudican a Mena ese rol. En la pericia, que tardará varias semanas, deberá informarse al juez sobre las celdas activadas por teléfonos usados por Mena cuando estaba en la AFI, sus mensajes de texto entrantes y salientes en teléfonos móviles y las llamadas entrantes y salientes de móviles y telefonía fija en el período investigado. Pero, además, según explicaron fuentes judiciales, la medida abarca también otro período en el que Mena fue subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, donde también intervino en la causa AMIA. Por ello se requirió que esa cartera entregue información de sus servidores para dar con los correos electrónicos enviados y recibidos por el imputado en la casilla oficial que se le adjudicó. La Policía Metropolitana deberá peritar todo e intentar recuperar eventuales correos borrados por el ex funcionario para terminar de redondear sus pruebas y pedir las indagatorias a Bonadio, quien tiene la última palabra pero no moverá un dedo hasta recibir de nuevo la causa y evaluar las pruebas.
