Con el impulso que significó el triunfo en las elecciones, en el Gobierno vislumbran un año con menos conflictividad social. Tanto que, apuntalado también por algunas señales de mejora de la economía, Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, por primera vez desde que asumió la Presidencia, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Y tampoco habrá un plus para los empleados públicos. Así lo confirmaron a Clarín altas fuentes del Gobierno, que recordaron que el año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos el Gobierno accedió al pedido de la CGT y desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima. Fue, remarcan, una situación especial, ya que el vínculo entre el Gobierno y los gremios había alcanzado momentos de extrema tensión, alimentado también por la oposición, que forzó a Macri a vetar la ley antidespidos. Así, esa carta les permitió al vicejefe de Gabinete Mario Quintana y al ministro de Trabajo Jorge Triaca destrabar las negociaciones. Pero, según consideran en Balcarce 50, "este año es distinto". "No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe", indican. En ese sentido, sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa. "Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016", exponen. En esa línea, tampoco prevén un bono para estatales: el año pasado, unos 130 mil empleados públicos nacionales que dependen directamente de la administración central recibieron una suma que osciló, según cada categoría, entre $ 2.000 y $ 3.500. No obstante, como adelantó Clarín días atrás, sí habrá un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos $ 2.200 que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil los trabajadores de la economía popular. Esos $ 900 millones, a diferencia de la cifra que demandaría un bono para AUH y jubilados, ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. "No vamos a enviar un solo peso más", avisaron en Casa Rosada. Empoderado, el ex ceo y fundador de Farmacity no hace excepciones ni siquiera con los ministros favoritos de Macri. ¿Cómo se explica el bono para las organizaciones sociales? Se trata, en definitiva, de un gesto hacia la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para amortiguar reclamos, ya que en el universo de los trabajadores de la economía popular hay un porcentaje alto de beneficiarios de la AUH que este año no recibirán el adicional. Por lo pronto, los movimientos sociales insistirán con un reclamo emblemático: buscan comprometer al Ejecutivo para que declare la Emergencia Alimentaria. Esa discusión, con desenlace incierto, comenzará este semana: el viernes las organizaciones desembarcarán en Desarrollo Social. Serán recibidos, en principio, por Sofía Torroba, jefa de Gabinete de la Secretaría de Economía Social, la interlocutora con las organizaciones por este tema. Y no descartan que se sume la ministra Stanley.
