Cristóbal López suma más problemas en la Justicia. Ahora, la Oficina Anticorrupción (OA) denunció que una de las empresas de construcción del Grupo Indalo obtuvo sobreprecios por casi 100 millones de pesos por una obra de un acueducto entre las provincias de Chubut y Santa Cruz y por la instalación de una planta potabilizadora entre 2013 y 2015. La denuncia penal recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Claudio Bonadio, el fiscal de la causa es Carlos Stornelli. La obra bajo la lupa es la Ejecución de la “Optimización del acueducto regional Lago Musters –Comodoro Rivadavia – Rada Tilly- Caleta Olivia – Provincias de Chubut y Santa Cruz”, que se había adjudicado a CPC S. A, la constructora propiedad de López, que también se había visto envuelta en supuestos alquileres fraudulentos a los hoteles de la familia Kirchner. La obra licitada tenía por objeto realizar reparaciones en diversos tramos del acueducto que tomaba el agua para potabilizar del Lago Musters y la trasladaba hasta Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia. Dos auditorías vieron inconsistencias en los costos a partir de un cambio en la obra El organismo que dirige Laura Alonso decidió avanzar con la denuncia al recibir una auditoría crítica de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y otra de la Unidad de Auditoría Interna del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que habían observado inconsistencias en los costos a partir de una modificación en la obra para en la que -en apariencia, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Clarín- no había justificación. Los cambios -que consistieron en la modificación de caños de mayor densidad en algunos tramos- solo habían sido sugeridos en un informe no vinculante elaborado por la empresa estatal AYSA, que -como ENOHSA- dependía del Ministerio de Planificación Federal que manejaba en ese momento Julio De Vido. Esos cambios habían sido rechazados antes por el gerente técnico José María Luján, hasta que fue reemplazado por Sergio Benet, que pidió el informe a AYSA. Esas modificaciones habrían causado un sobreprecio de $46.075.499,21, calculan en la OA. Por una nueva modificación, se decidió la construcción de una planta potabilizadora de ósmosis inversa en Caleta Olivia, a pesar de que los primeros informes de los organismos oficiales aconsejaban recién para 2026 los estudios necesarios para planificar la conveniencia de la instalación, según consta en el expediente. La ENOHSA, además, tampoco tenía experiencia en la construcción de este tipo de plantas. Para la instalación de la planta que debía extraer agua de mar se hubiera debido llamar a una nueva licitación, porque se trataba de una obra totalmente distinta a la presentada en el concurso original, observaron en la SIGEN. Sin embargo, otra vez fue ejecutada por la firma de López. Según consta en la causa 15.384, la Sindicatura también verificó sobreprecios. Calculan que por la provisión de los cuatro módulos que conforman la planta de ósmosis inversa se habría pagado un sobreprecio de $46.757.340, mientras que por la instalación de esos módulos se habría pagado la suma de $ 6.741.499,68 de más; lo que sumado al sobreprecio en el acueducto da un total de $99.574.338,90. “Habría existido un actuar concertado entre el organismo y la empresa contratista, que fue beneficiada con una ampliación ilegal de obras, las que se hicieron pasar como una modificación de una licitación”, se lee en la presentación realizada ante Bonadio. "La empresa fue beneficiada con una ampliación ilegal de obras", dice la denuncia La denuncia apunta principalmente contra la máxima autoridad de ENOHSA, Lucio Tamburo y al gerente técnico Benet, que aconsejó la intervención de AYSA en primer término y rechazó los informes de su antecesor. El ente dependía de la secretaría de Obras Públicas, a cargo del detenido José López y en última instancia de De Vido. Todos podrían ser imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el expediente también se menciona al inspector de obra Ricardo Williams, porque fue quien solicitó la cotización a la empresa contratista el mismo día en que se requirió la instalación de la planta, y a la asesora legal del ente oficial Gabriela Tamame. Por el lado de CPC, se menciona a su apoderado Gustavo Horacio Dalla Tea, que firma los pedidos por los nuevos costos y al ingeniero Luis Cenoz, representante de la empresa. El nombre de Cristóbal López todavía no aparece, pero lo cierto es que es una empresa que pertenece al grupo Indalo que él maneja. Antes de la denuncia de la Oficina Anticorrupción, la constructora de López CPC había conseguido, ya bajo la gestión de Cambiemos, quedarse con una serie de obras. En julio pasado licitó y ganó la construcción de una ampliación del sistema de efluentes de Bariloche. Para ganar la obra hizo una oferta menor al presupuesto pautado. En 2016, además, había ganado la licitación para construir una ruta en Santa Cruz que había sido adjudica a Lázaro Báez durante el kirchnerismo y nunca la había terminado. Desde el Gobierno argumentaban que la empresa de López no tenía trabas judiciales ni de la AFIP. Con esta denuncia la situación puede cambiar para CPC. En la denuncia de la OA, se solicitó a Bonadio la inmovilización de los bienes de la empresa, con el objetivo de asegurar un eventual decomiso de las ganancias del delito. Entre ellos, cuentan tres propiedades en la Ciudad.
