En una resolución con trascendencia institucional y política, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió el procesamiento del ex secretario kirchnerista de Comercio Interior Guillermo Moreno y de la ex directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Beatriz Paglieri, por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otros delitos, al manipular entre 2007 y 2015 las estadísticas oficiales. El fiscal descubrió que no sólo se manipularon las cifras de la inflación sino también las del Producto Bruto Interno (PBI), los niveles de pobreza e indigencia y la canasta básica de alimentos. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, Stornelli solicitó este lunes al juez federal Rodolfo Canicoba Corral también el procesamiento de la ex directora del INDEC Ana María Edwin como coautora de los delitos previstos en los artículos 293 y 255 del Código Penal, junto a otros 2 funcionarios de menor nivel. El pedido de procesamiento complica judicialmente a Moreno, quien ya está condenado a 2 años y medio de prisión en suspenso por financiar con fondos del Estado el cotillón anti Clarín. Además, aparece imputado en otras causas. En su resolución por el INDEC, Stornelli hace referencia a la grave consecuencia financiera para el Estado que, por ejemplo, supuso pagar títulos públicos con números del PBI inflados. Hace referencia a tenedores de cupones PBI entregados en la reestructuración de la deuda, a partir del crecimiento falso de la medición del crecimiento de la economía. En sectores del Gobierno había preocupación por un eventual procesamiento de Moreno por este tema porque si bien el Estado pagó de más por los títulos ajustado por el PBI, también podría haber otros reclamos por una inflación que fue mucho mayor a la informada por el kirchnerismo, sobre todo en materia de contratos. El índice de precios incidía en la cotización de otros bonos. La resolución tiene más de 300 páginas. Stornelli justifica su pedido en la conducta de los ex funcionarios que provocaron “un grave deterioro a la confiabilidad del INDEC” como organismo estadístico oficial reconocido a nivel internacional y las implicancias de “su descreimiento en razón de su influencia en asuntos trascendentales de la economía nacional”. A las pruebas que ya se conocían, encontró ahora decenas de emails internos del INDEC con órdenes de cambiar precios como los de la tira de asado, el pan francés y los libros para ocultar el verdadero nivel de la inflación en las 2 presidencias de Cristina Kirchner. Además, hay nuevos testimonios y peritos explican cómo tocaban las cifras bajo la idea de un nuevo método de medición. Clarín reveló en julio que un peritaje de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decía que desde abril de 2007 en el sistema informático del INDEC se instaló un programa secreto conocido como “tope” para recalcular precios si excedían determinados valores. Ese mismo mes, Moreno fue indagado por el juez Canicoba Corral y el fiscal Stornelli y negó haber manipulado las cifras del INDEC, que debería ser un organismo autárquico del gobierno de turno. Sin embargo, desde enero de 2007 cuando renunció Graciela Bevacqua (quien defendió hasta el último momento la independencia del organismo) el INDEC fue virtualmente intervenido por Moreno, incluso con una patota integrada por barrabravas. Los peritos, luego de analizar los discos rígidos del INDEC de esa época y más de 800 emails, descubrieron que estaba instalado un programa “Ipn_Calind_Pkg. SQL” que administraba “funciones para cálculo de índices, aplicando además un control de topes”. Según fuentes judiciales, el programa se manejaba desde una pantalla secreta e investigan quién la usaba, aunque la mayoría de los recálculos se hacían automáticamente. “La función de topes consiste en controlar algún caso o 'variedad' que quede (aparentemente predeterminada) para luego realizar un recálculo de agrupaciones”, afirma el peritaje. En su indagatoria, la ex directora del Índice de Precios al Consumidor Paglieri negó haber manipulado pero admitió que había un programa de “topes” instalado antes de que ella asumiera en abril de 2007. La auditoría sostiene que por falta de datos no se pudo determinar para qué servía otro programa llamado “PARVUL”, como tampoco qué significaban las referencias denominadas “variación” y “agrupación”. Pero de todo el análisis “es posible informar que existe una administración de topes en el programa verificado”. Este dice que cuando había “una variación fuera de rango (según PARVUL)" se aplicaba la variación especificada. Luego se recalculaban las agrupaciones para mantener la aditividad”. Otro mensaje señalaba: “Saco esta condición para que marque las variedades que hay que matar por si apareció un precio nuevo”. Los peritos oficiales que confeccionaron la auditoría informática fueron los licenciados Jorge Rosso, Darío Piccirilli y Alejandro Sabolansky y el de parte, Esteban Vertzner. Guillermo Moreno negó haber ordenado al INDEC que se modificara la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor. En el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py declaró en su momento que "nunca" dio "ninguna orden ni instrucción" en relación con las mediciones. El ex funcionario kirchnerista argumentó que, para su función, no necesitaba conocer los datos del INDEC porque implicaban un muestreo del mercado mientras que él, como secretario de Comercio, tenía acceso a toda la información del mercado. Semanas atrás, en su indagatoria, Paglieri también había negado la acusación en su contra y dijo que cuando arribó al organismo había encontrado un "cúmulo de errores que parecían intencionales". También recordó que, de hecho, los había encontrado como auditora, lo que luego derivó en su designación como directora del Éndice de Precios al Consumidor. La causa se inició en 2007 a partir de una denuncia penal del entonces fiscal nacional administrativo Manuel Garrido. En esa primera acusación, Garrido ya hablaba de "topes" y "parches" informáticos para manipular las cifras. Luego se sumaron denuncias presentadas por una ONG de Rosario y por los entonces legisladores nacionales Gerardo Morales (actual gobernador de Jujuy) y Ernesto Sanz. Los "hallazgos resultan más que contundentes para acreditar los hechos investigados y redundan sobre la sospechada manipulación de datos estadísticos", había sostenido el fiscal al justificar los pedidos de indagatoria.
