El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundió, hace un año y medio, los documentos del Panama Papers, investigación que reveló la participación en sociedades offshore del presidente Mauricio Macri y un lote de funcionarios de Cambiemos, como el primo Jorge Macri y el ex ministro de Hacienda porteño Néstor Grindetti. Los documentos revelaron los mecanismos utilizados por la cúpula empresaria, o de manera más general, los grupos de poder, para fugar divisas y evadir impuestos. Macri apareció vinculado a dos empresas: inicialmente como director en la sociedad Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas en 1998 y que se mantuvo en funcionamiento hasta 2009. Más tarde le fue detectada una segunda empresa, Kagemusha SA, todavía activa. El Presidente no las había incluido en sus declaraciones patrimoniales. Tras las denuncias, comenzó a ser investigado por lavado de activos y por la omisión de incluir esas compañías en sus declaraciones juradas. Sin embargo, esta imputaciones no avanzaron. El mandatario admitió su vinculación con Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA, pero aseguró que no las había creado él sino su padre, y que por su parte no había puesto capital ni se había llevado dividendos. En agosto pasado, la Cámara Federal confirmó el cierre del expediente que se había abierto en el fuero federal por presunto lavado de dinero, al confirmar una decisión tomada en este sentido por el juez Sebastián Casanello. Y un mes más tarde, mientras se desarrollaba la campaña para las elecciones legislativas, el juez civil Andrés Fraga dio por ciertos su argumentos y también despegó al Presidente de las offshore. Al igual que en estas causas, los Panamá Papers aportaron información en 20 expedientes penales sobre presuntas maniobras de evasión en la Argentina, sin embargo, en la Justicia no hubo avances significativos que fueran más allá de la recolección de documentos. En otras latitudes, la divulgación de los Panamá Papers generó cimbronazos políticos. El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció tras conocerse que estaba vinculado a una empresa en un paraíso fiscal. Su entonces par británico, David Cameron, se vio obligado a dar a conocer sus declaración de impuestos y admitió que su familia se había beneficiado de un fondo offshore legal creado por su padre. En España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, tuvo que dimitir. Según el balance que hizo la propia ICIJ ocho meses después de la publicación de sus investigaciones, los documentos llevaron a que se tomen medidas –como auditorías, juicios y proyectos de ley– en al menos 150 casos en 79 países y territorios. Varios gobiernos como los de Estados Unidos, Taiwán, Nueva Zelandia, Mongolia, Panamá, Líbano, Irlanda o Alemania, presentaron proyectos o implementaron leyes para combatir de una manera más fuerte este tipo de evasión, agregó la organización en su balance. Gobiernos como los de Colombia, México, Eslovenia y Uruguay, recuperaron millones de dólares en impuestos sobre los fondos no declarados. Como era de esperar, las medidas para generar una mayor transparencia han encontrado una fuerte oposición, y la implementación de nuevas leyes continúa siendo un desafío frente al poder de los actores puestos en juego.
