El juez federal Ariel Lijo tenía previsto detener a Amado Boudou en agosto. A comienzos de ese mes se iba a conocer el veredicto en el juicio oral por el caso de los papeles truchos en la transferencia de un auto, una de las muchas trapacerías cometidas por el bochorno que Cristina ungió como vicepresidente. Delito leve, al lado de otros de los que se lo acusa. Se descontaba una condena. El juez –dicen quienes lo conocen bien- pensaba que esa sentencia, más la acumulación de causas que se tramitan en su juzgado, habilitaban la orden de detención. Pero fallaron los cálculos. Boudou fue sobreseído por considerarse prescripto el delito. El plan de Lijo entró en hibernación hasta el viernes a la mañana, cuando personal de Prefectura despertó al ex vicepresidente en su apartamento de Puerto Madero con la pésima noticia de que lo venían a detener. La decisión de Lijo puede considerarse una erupción controlada del volcán judicial que empezó a levantar presión en aquel agosto, cuando las PASO mostraron que la estrella de Mauricio Macri se fortalecía y que la de Cristina Kirchner empezaba a opacarse sin remedio. Hasta que la votación de octubre, con el triunfo amplio y contundente de Cambiemos, desató el fuego y la lava. Después de aquel domingo electoral, en 48 horas el Congreso le quitó los fueros y la Justicia detuvo al alguna vez poderoso Julio De Vido. Y en la última semana renunció la procuradora general Alejandra Gils Carbó, pieza clave del dispositivo kirchnerista que sobrevive en los tribunales. Enseguida fue el turno de Boudou. Y la historia no termina acá. Lijo es el más político de los jueces federales. Proviene de una familia de larga tradición peronista en Avellaneda. Tiene ascendiente sobre sus colegas. Es el nervio motor de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), que este año se presentó en sociedad como impulsora de una acción firme y renovada en los casos de corrupción; como si no fueran muchos de esos jueces los que durmieron una larga siesta mientras el kirchnerismo mantuvo poder, o amenazó recuperarlo. La AJUFE nació con las bendiciones del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y del respetado Martín Irurzun, titular de la Cámara Federal porteña. Pero la fuerza de esos padrinazgos parece haber menguado. El juez Lijo tiene algunos problemas derivados de sus propias acciones. Esto es habitual: se ha hecho un deporte la presentación indiscriminada de pedidos de juicio político contra los magistrados. Más de una vez es la revancha de abogados que no lograron defender el interés de sus clientes como ellos esperaban. Pero también lo complican algunas andanzas de su hermano Alfredo, histórico abogado de De Vido. Y su relación con Eduardo Freiler, un camarista que supo prosperar con el kirchnerismo y hoy no puede explicar el origen de su fortuna. Está suspendido, atravesando el juicio político y con una firme perspectiva de salir despedido de mala manera y sin retorno, después de una extensa carrera en la Justicia. El veredicto se conocerá dentro de diez días. Sin quitarle mérito a los esfuerzos denodados que Boudou desplegó desde hace varios años para terminar detenido, una pregunta que atravesó los tribunales como un relámpago fue si acaso Lijo detuvo a Boudou en una sobreactuación judicial, para blindarse de las acusaciones en su contra. Colegas de la Justicia que lo vieron en los últimos días, incluso en ocasiones sociales, señalan que a Lijo se lo notaba apesadumbrado. En charlas informales él mismo sacaba el tema y aseguraba “yo no defiendo a Freiler”. Ninguna fuentes consultada –y se consultó a jueces y camaristas- arriesga una opinión definitiva sobre esa hipótesis. “Una cosa arrastra a la otra y el derrumbe es total”, afirmó un juez federal de alto perfil, con pedido de estricta reserva de su nombre. Ese magistrado cree que lo único que ofrece seguridad en el convulsionado mundo judicial es haber tenido “coherencia y persistencia” en el trámite de las causas por corrupción. Muy pocos pueden levantar esa bandera. “Huir para adelante solamente te acerca al abismo” graficó otro juez, hablando de la decisión de Lijo. Aunque agregó que, aún sonando obvio, había que considerar que quizás la dinámica de la vieja causa por enriquecimiento ilícito contra Boudou habilitó y dio sustento a la orden de detención. En rigor, una nueva doctrina se abre paso en la Justicia desde que la Cámara Federal, con fundamentos de Irurzun y el acompañamiento en el voto de Leopoldo Bruglia, le ordenó al juez Luis Rodríguez pedir la detención de De Vido sin esperar una condena. Lo hizo al considerar que el ex super ministro tenía capacidad para demorar y desviar las investigaciones en su contra. La Cámara apoyó esta orden en la pérdida de documentación y la escasa o nula colaboración de funcionarios ante los pedidos de la Justicia. Fue en el caso de la mal llamada modernización de la mina de Río Turbio, donde además del despilfarro de 26.000 millones de pesos sin resultado satisfactorio, hay 265 millones de pesos cuyo destino se desconoce. Ese fallo es, de hecho, el respaldo legal con el que el juez Lijo ordenó la detención de Boudou. Así lo reconocieron fuentes de la propia Cámara Federal. También podría ser el sustento de próximas medidas de altísimo impacto público. El juez Claudio Bonadio, por ejemplo, analiza si Cristina intentó interferir la investigación de Los Sauces al promover un desapoderamiento patrimonial ligeramente burdo. Los plazos fijos de ella y de su hijo Máximo fueron transferidos a Florencia y con ese dinero se compraron los 5 millones de dólares encontrados en la caja de seguridad de la hija de la ex Presidenta. Pero hechos espectaculares como la detención de Boudou no parece ser lo que busca el Gobierno. Un hombre clave en el equipo judicial aseguró que el episodio desagradó al Presidente. “No se está respetando el debido proceso, es una decisión que nos repugna” dijo el confidente de Macri sin ahorrar potencia a sus palabras. De acuerdo a esta voz autorizada por la Casa Rosada, en términos políticos “este show no nos sirve”. Dice que no lo necesitaron para ganar las elecciones hace dos semanas y no lo necesitan ahora cuando se busca mejorar la calidad de las instituciones. “En un país normal al juez que hace esto lo echan”, agrega. Por si hace falta, aclara que espera que el peso de la ley caiga íntegro sobre Boudou. Pero a la vez sostiene que “una barbaridad no se corrige con otra, las barbaridades solamente se acumulan”. En el Ministerio de Justicia la opinión también es tajante: la detención de Boudou fue una sobreactuación “total a innecesaria” del juez Lijo. Y de algún modo se resignan: “los muchachos son así”. Los muchachos son los jueces federales, que se sienten en el centro de todas las acusaciones y sospechas. Patalean contra abogados y operadores cercanos al Gobierno, a quienes acusan de querer provocar vacantes en Comodoro Py para poner allí jueces amigos. Un tanto corporativos, atribuyen a esa operación la carga contra Lijo. No acusan al presidente Macri ni al ministro Germán garavano. Pero dicen que el Gobierno se siente cómodo con ese acoso que ellos sufren. A la vez, miradas conspirativas en el Gobierno creen ver la mano de Lorenzetti detrás de esta decisión resonante del juez Lijo. Parece una mirada excesiva, quizás teñida por las diferencias al interior del Gobierno y de Cambiemos acerca de la relación con Lorenzetti. Hasta acá, Macri siempre puso por delante el vínculo institucional, moderando de hecho las denuncias de Elisa Carrió contra el titular de la Corte. Los jueces y camaristas se quejan –con cierta teatralidad- de que el Gobierno encuentra en ellos motivos de crítica y ninguna virtud. Defienden la tarea que desplegó Lorenzetti en muchos años al frente de la Corte para jerarquizar al Poder Judicial. Y en cambio no ahorran cuestionamientos al Consejo de la Magistratura, donde domina el juego político entre oficialismo y oposición. También atribuyen la aceleración de las causas por corrupción a que ahora el Gobierno ofrece información sobre los episodios del ciclo kirchnerista, permitiendo una rápida recolección de pruebas. Aunque se preguntan si la misma velocidad de respuesta encontrarán cuando sean los funcionarios de esta administración los que puedan ser investigados. Quizás sea demasiada suspicacia. Entre polémicas e intrigas esta historia continúa. Antes de fin de año Cristina podría ser enviada a juicio oral por el juez Julián Ercolini, en el caso por asociación ilícita en el otorgamiento de obra pública a las empresas de Lázaro Báez. Es un caso alimentado por las certeras denuncias de la actual conducción de Vialidad Nacional. Antes de esto, Ercolini deberá recibir la unificación de causas contra la ex Presidenta y su familia: obra pública, más las maniobras de las firmas Hotesur y Los Sauces, esta última en manos de Bonadio. La Cámara Federal decidiría esta unificación en las próximas dos semanas. Lo que siga de allí en más puede ser alta política, de alto impacto.
