Un fondo fiduciario millonario para una obra detenida por el actual gobierno y sospechada por corrupción y sobreprecios, complica a las ex autoridades del desarmado ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido. El juez Daniel Rafecas en la causa del gasoducto que construyó Odebrecht, avanza sobre las responsabilidades institucionales para “favorecer a la constructora que ganó la obra”. Un nuevo informe y nuevas medidas de prueba refuerzan esta tesis: un direccionamiento y manipulación del pliego licitatorio por parte de ex funcionarios. La nueva documentación incorporada a la causa consignó que el gasoducto norte y sur después de 72 actuaciones administrativas, tuvo “un marcado direccionamiento para beneficiar a Odebrecht”, investigada por pagar coimas por 35 millones de dólares en nuestro país. En los primeros expedientes del 6 de julio de 2005 ENARGAS manejaba un valor de obra de 1.427 millones de dólares. La cifra fue en constante aumento a través de las actuaciones libradas por la entonces secretaría de Energía que dirigió Daniel Cameron, ENARGAS con el aval del Ministerio de Planificación, siempre bajo la conducción de Julio De Vido. La primera etapa pasó de U$S 827.960.000 a U$S 1.182,270.000. “No se encontró documentación que justificara las diferencias de costos entre etapas”, señaló el informe pericial al que accedió Clarín. Para el 7 de diciembre de 2006, un día posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el valor ya era de U$S 2.438 millones, pero la firma fue subcontratada por U$S 2.300 millones. La Justicia sospecha de un sobreprecio de US$ 800 millones. La pista no termina ahí. “En cada paso administrativo hay responsabilidad de quienes dirigieron Planificación Federal” destacó una fuente judicial. Las nuevas pericias apuntan contra De Vido como titular del ministerio y a su ex secretario de energía, Cameron. Para que la obra se creó un fondo fiduciario reglamentado y puesto en marcha por el Ministerio de Planificación Federal. Las adendas sobre el mismo cambiando el monto, fue denunciado por la actual gestión encontrando en dicha estructura "déficit" con el agravante de "la obra inconclusa". Después de varias acciones administrativas, la ex secretaría de Energía informó a CAMMESA que la firma brasileña tenía interés en la obra. “La ex Secretaría mantuvo reuniones de trabajo con Odebrecht tendientes a avanzar en la estructuración financiera que viabilizara la oferta”, señala el descargo de CAMMESA ante Rafecas. Hubo dos ofertas más para el gasoducto, las de Camargo Correa y Benito Roggio. CAMMESA sugirió a Cameron, que Roggio era una buena oferente. Con la nota N° 529 se respondió que la empresa debía presentar en cinco días “una estructura de financiamiento”. Roggio dijo que era “imposible concretar" el pedido "en el plazo solicitado”. El camino quedó allanado. Bajo la premisa de que "el proceso licitatorio se manipuló", el juez ordenó a estas últimas empresas que entreguen toda la documentación que presentaron en el concurso. “Se analizará en función del pliego licitatorio original para ver si respondían mejor a las exigencias”, explicaron fuentes de la causa y luego se decidirá a quien se llama a indagatorias.
