Elisa Carrió tras la “maravilla” del desafuero y detención de Julio De Vido creía que se había terminado la posibilidad de avanzar sobre la “muralla de defensa judicial” del kirchnerismo. Por eso el viernes se fue a descansar tranquila a su quinta de Capilla del Señor, tras una extenuante semana. Sabía que ese día, el bloque de diputados de Cambiemos había confirmado la decisión de aprobar antes de fin de año una nueva ley de Ministerio Público orientada a remover a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de tener que recurrir a un juicio político. A Carrió la había llegado la información de que el titular del bloque de senadores peronistas Miguel Angel Pichetto había dado la luz verde para avanzar en ese sentido. Las “mesas chicas” de conducción de los bloques de Diputados y Senadores de Cambiemos, del massismo y del peronismo no K, habían llegado a ese consenso que permitía, al ser aprobado, la remoción de Gils Carbó por mayoría simple. En la negociación también participó el ministro de Justicia, German Garavano, para que debería redactar le letra fina del proyecto. Era la sentencia de muerte política de la Procuradora y fundadora de “Justicia Legítima”. Por esta y otras razones, Carrió sospecha que "hubo algún tipo de negociación" entre Gils Carbó y sectores del Gobierno y Pichetto. Pero Carrió aclaró a Clarín que a su entender "no hubo acuerdo de impunidad, sino jubilatorio". Gils Carbó, con 59 años cumplidos en junio próximo, estará en condiciones de jubilarse a los 60 con una jubilación de privilegio. La diputada de Cambiemos prefería una remoción lisa y llana de Gils Carbó por considerarla un "enorme freno" a sus denuncias judiciales, aunque su renuncia -en definitiva- cree que ayudara al avance de las investigaciones en Comodoro Py, contaron fuentes allegadas a la diputada. Desde el lado del kirchnerismo también desconfían de la ex procuradora. Por algo, el ex canciller Héctor Timerman -imputado en la causa por la denuncia del ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman- dijo ayer en Twitter crípticamente: “Se honra a quien cae en la lucha y no a quien negocia su rendición. No extraño a nadie”. El proyecto que tenía consenso el viernes era para "regular el proceso de remoción" de la procuradora aprovechando el fallo de primera instancia de un tribunal nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que declara inconstitucional un artículo de la ley que fue sancionada en junio de 2015 y que sostenía que para echar a un procurador hacían falta los dos tercios de los miembros del congreso, como a los jueces de la Corte Suprema. "El privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios, contemplados en la Constitución Nacional", justificó el magistrado Pablo Cayssials. Antes de ese fallo hubo varios intentos fallidos en el Congreso por separar a la procuradora y hasta se abrió un proceso en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal para evaluar el trabajo del Gils Carbó, con la intención de avanzar con el juicio político, bajo la batuta de la diputada massista Graciela Camaño. "Es necesario cambiar los mecanismos de remoción para garantizar la división de los poderes", sostuvo Carrió hace un mes atrás tras rechazar la intención de remover a la Procuradora General por decreto. Por su parte, Camaño destacó ayer que tras la renuncia de Gils Carbó, el Congreso avance “en la reforma de la ley de Ministerio Público”, aunque no precisó si sólo se refería a la forma de remoción del procurador o a cambios más amplios. Uno de los candidatos a Procurador es Alberto García Lema, quien proviene del peronismo y asesoró a Camaño. Antes de la renuncia, el Gobierno había impulsado un proyecto de 2016 para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, acotar la duración del mandato de su titular, y darle a la comisión bicameral un poder de control sobre los fiscales, variante que chocó con objeciones técnicas pero sobre todo con la terminante oposición de Carrió a esa reforma. Ahora, tras esta sorpresiva renuncia, Carrió mantiene la candidatura del fiscal y primer investigador de Lázaro Báez, José María Campagnoli, para reemplazar a Gils Carbó aunque sabe que no tiene el apoyo de otros sectores de Cambiemos y que su “pollo” es resistido por un sector de senadores del PJ. En fuentes judiciales se destacó que las causas penales contra Gils Carbó, como la del edificio de Perón, seguirán su curso incluso con la posibilidad de una eventual prisión preventiva. La pregunta era si esa comisión bicameral, de orden político, la seguirá investigando o archivará los expedientes en su contra.
