El plan oficial de modificación de la ley de movilidad, adelantado hoy por Clarín, busca reducir el gasto previsional que tiene un peso importante en el Presupuesto Nacional. La propuesta, que figura en las recomendaciones del FMI y de otros organismos financieros, implica para 2018 una reducción en torno de los $ 100.000 millones en la partida de Seguridad Social con relación al proyecto de Presupuesto del año próximo. La actual ley de movilidad no ajusta los haberes y las prestaciones de la Seguridad Social según la suba de los precios sino en base a otros índices, como salarios, recaudación impositiva y demás ingresos del sistema. Y no según proyecciones, sino por el cambio real de esos índices por semestres. Así, estos índices propios de la ley de movilidad llevan a que, en los períodos de recesión, de baja de los salarios reales o de la recaudación tributaria, los aumentos de los haberes corran muy por detrás de la inflación. Y que vayan recuperando hacia delante esa pérdida en los períodos de crecimiento y menor inflación por la mejora de los ingresos tributarios y/o de los salarios. Es lo que pasó en 2016 cuando con una caída del 2, 3% del PBI, del salario y de la propia recaudación, la movilidad sumó un 31, 68% (15, 35% en marzo y 14, 16% en septiembre) frente a una inflación del 41%. Esa pérdida de ingresos en parte se fue revirtiendo durante este año por el repunte de la actividad y de una inflación, si bien aún alta, es inferior a la del año pasado. Punta a punta la movilidad resulta este año del 28% sumando los aumentos de marzo -12, 96%- y septiembre – 13, 32%- frente a una inflación prevista en torno del 24%. Aún así, las prestaciones siguen unos 6 puntos por debajo del nivel de 2015, Por eso, si se mantuviese esa fórmula, deberían mejorar también en 2018 por el crecimiento previsto y la menor inflación. Y en gran parte por esa razón en el proyecto de Presupuesto 2018, se prevé una aumento del 22, 1% en las prestaciones de la Seguridad Social. Ese proceso se interrumpiría si el cambio en la formula de movilidad arranca desde inicios de 2018. Por ejemplo, la consultora Economía & Regiones justamente señala que la actual movilidad “hace que las jubilaciones y la AUH aumenten por arriba del crecimiento y de la inflación, yendo de la mano del incremento de la presión tributaria; y así se imposibilita cualquier posibilidad de licuación” del gasto previsional. Además, el ajuste previsional sólo por la inflación, trimestral o semestral pasada asegura que se mantenga constante el nivel de las prestaciones y las excluye de las mejoras que pueda tener la economía. Por eso, una alternativa sería sumar al ajuste por inflación una especie de plus atado al crecimiento, un “cupón PBI”. Todos estos números comparan los índices de movilidad con relación a la inflación promedio. Pero los jubilados y pensionados tienen una canasta de consumo diferente al resto de la población por el peso de los gastos vinculados a la mayor edad, como medicamentos y salud, que están aumentando por encima del promedio, como lo marca la Defensoría de la Tercera Edad. Y lo mismo pasa con los sectores de menores recursos.
