El diputado nacional Julio De Vido se entregó en los tribunales de Comodoro Py, minutos después de que el cuerpo de legisladores de la Cámara Baja decidiera quitarle los fueros que le otorgaban inmunidad. En total, 176 legisladores se pronunciaron a favor de desaforarlo al ex Ministro (entre ellos cuatro integrantes del bloque del Frente para la Victoria), ninguno en contra, y se registró apenas una abstención. Cuando luego de la votación en la Cámara de Diputados un contingente de Gendarmería se presentó en el departamento que el ex Ministro tiene en la avenida Libertador y Coronel Díaz, De Vido ya se encontraba camino a Comodoro Py en un auto. Rodeados de decenas de curiosos que se acercaron a la puerta del edificio en medio de festejos y celebraciones por la decisión de los Diputados, los gendarmes estuvieron un buen rato dentro del edificio, hasta que finalmente se retiraron con las manos vacías. Esto sucedió porque De Vido se fue de su departamento en un auto, con destino a Comodoro Py, donde finalmente llegó pasadas las tres de la tarde. El ex Ministro entró a los tribunales federales por el Ala Río del edificio al grito de "mándenle champagne a la doctora Carrió". En el cuarto piso, que está cerrado y custodiado por la Policía Federal, él y sus dos abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro fue recibido por el juez Luis Rodríguez, quien tiene a cargo una de las investigaciones que lo llevaron a la cárcel. El ex ministro de Planificación del kirchnerismo tenía dos pedidos de detención: uno por la causa en la que se lo procesó con prisión preventiva por la compra de buques con gas natural licuado; la segunda, por manejos irregulares en la mina de Río Turbio. En la primera de las dos, De Vido está acusado de haber participado en una "maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal". A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente USD 6.995 millones, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", indicó Bonadio. En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por $1.000 millones a Baratta y De Vido, sobre quien pidió el desafuero a la Cámara de Diputados, y también procesó al ex secretario de Energía Daniel Cameron y el ex ministro de Obras Publicas durante el menemismo Roberto Dromi, quien intervino como asesor y cobró supuestas comisiones indebidas. Por otro lado, en la investigación en torno a los desmanejos de la mina de Río Turbio, el ex Ministro está acusado por la malversación de fondos públicos para distintas obras en esa localidad de Santa Cruz de unos $26.000 millones entre los años 2006 y 2016; además, se calcula que hubo un desvío de $265 millones hacia otros fines de los previstos. NOTICIA EN DESARROLLO
