La Justicia embargó y procesó sin prisión preventiva a 22 de los 31 manifestantes que habían sido detenidos tras la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de septiembre. Se trata de la movilización en la que un grupo de personas protagonizó destrozos en Plaza de Mayo. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acusó a las personas que causaron incidentes de “resistencia a la autoridad” e “intimidación pública”, un delito que prevé hasta seis años de prisión. Según informaron fuentes judiciales, los embargos llegan hasta los 5 millones de pesos. El magistrado también dictó la falta de mérito de otros 7 acusados y sobreseyó a otros dos. El procesamiento recayó sobre Noemí Pianetti, Maximiliano Pierangeli, Andrés Ferraroti, Sofia Gamboa, Sebastián Nahabian, Patricio Salazaro, Aitor Basterrechea, Daniel Carrizo, Demian Tutaglio, Ivan Palavecino, Cristian Vázquez, Paola Montero, Ada Luz Escobar Martín, Carlos Guerra, Hugo Medone, Juan Mourenza, Micael Tobías Maggi, Geraldine Sánchez, Gabriela Amira Sánchez, Yamila Barrios, e Ivan Meza. Todos fueron detenidos esa noche y salieron en libertad al día siguiente luego de declarar en los tribunales de Comodoro Py. El 1 de septiembre, un grupo de manifestantes que había ido a la marcha empezó a tirar piedras y otros objetos contra el doble cordón policial que estaba ubicado detrás de la valla que atraviesa la Plaza de Mayo. Fue después de que terminó la movilización. Durante la investigación, la Justicia analizó imágenes de la Policía de la Ciudad y varios medios de comunicación. Según trascendió, estas pruebas fueron clave para determinar la responsabilidad de los acusados. Informes del Gobierno de la Ciudad revelaron que los incidentes le generaron un gasto al Estado por casi 4 millones de pesos.
