Margarita Stolbizer lo denunció y él reaccionó. El ministro de Energía Juan José Aranguren le respondió en duros términos a la diputada del GEN, quien lo había denunciado por un convenio entre su cartera y una universidad. La legisladora ayer comparó esa situación con la maniobra de Julio De Vido en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, que lo llevó a la cárcel. El actual ministro retrucó: "Mal que le pese a la diputada Stolbizer, no somos lo mismo". Stolbizer denunció en la Justicia que el actual Ministerio de Energía habría triangulado $ 13 millones, a través de una asociación civil con "laxos controles" y presuntos "sobrecostos". De acuerdo con el convenio, la cartera firmó a comienzos de 2016 un acuerdo con la regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para la provisión de personal dedicado a "coordinar tareas de análisis y seguimiento en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo". Se acordó un presupuesto de $ 13.000.000 por diez meses, y, mediante una adenda, se extendió el contrato por $ 4 millones más. La diputada ayer se refirió a este tema durante la sesión en Diputados que definió el desafuero de De Vido. Comparó los hechos que se le achacan al ex ministro del kirchnerismo (que fue detenido en el marco de la causa Río Turbio por el convenio con una universidad y un desfalco de $ 265 millones) con la situación actual del Ministerio de Energía. "La denuncia efectuada por la intervención de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio apuntó a las irregularidades detectadas en varios contratos de provisión de bienes que debieron hacerse por licitación pública y a precios de mercado", señaló Aranguren. Y diferenció: "La denuncia presentada por Stolbizer respecto de una contratación celebrada por el Ministerio a mi cargo se refiere a otro tipo de convenio, en este caso de Asistencia Técnica, por el cual prestan servicios en la Administración Pública gran parte de sus agentes". Así, Aranguren justificó esa modalidad de contratación que se multiplicó durante la gestión anterior en el Estado. "Se les abona honorarios a los agentes y la Universidad contratante o la unidad de vinculación designada por la universidad, que percibe un honorario administrativo del 10 al 12%, como ocurre con los más de 400 convenios de este tipo firmados por la Administración Pública". Según el comunicado de Aranguren, a diciembre de 2015 el Ministerio de Energía tenía una planta de 2663 personas, de las cuales 1524 (57%) estaban contratadas bajo la modalidad de Asistencia Técnica (vía universidades). "Desde entonces se inició un proceso de pase de agentes a la condición de contratados bajo la Ley Marco de Empleo Público. Como resultado, a septiembre de 2017 nuestra planta era de 1764 personas, de las cuales 597 (34%) son contratados por Asistencia Técnica, y se prevé continuar con ese proceso de regularización", agregó. "Hay una gran diferencia entre los hechos por los que se acusa a De Vido y lo denunciado por la legisladora Stolbizer, y no lo digo por la magnitud de los montos involucrados, sino por la legalidad de las medidas adoptadas", dijo Aranguren, que cuestionó "la capciosa comparación que realizó entre conductas tan disímiles". "Mal que le pese a la diputada Stolbizer, no somos lo mismo, no tenemos un doble estándar", concluyó. La candidata de 1 País radicó una denuncia penal, en la que pidió investigar un convenio con una universidad y señaló que se habrían triangulado $ 13 millones, a través de una asociación civil con "laxos controles" y presuntos "sobrecostos". El convenio estipuló que quien facturaba al ministerio no era la UTN, sino la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (Ateven), una entidad civil dedicada a la investigación en ingeniería. Energía depositaba los pagos en una cuenta corriente de esa asociación en el Banco Francés. El convenio previó pagos mensuales y un mecanismo de rendición de gastos. A su vez, en su octava cláusula, estipuló el pago de "gastos administrativos" por el 10% del monto del convenio. LA NACION pudo observar una de las facturas en las que constan esos montos a favor de Ateven. "Se usa una asociación civil para tercerizar personal. Además, esta operatoria encarece los contratos bajo el ítem de gastos administrativos", denunció Stolbizer.
