LA PLATA. - El intendente de Vicente López, Jorge Macri , apeló un embargo preventivo por ocho millones de pesos que le impuso la Justicia en el marco de una investigación por la compra de un departamento en Miami, con el objetivo de que la medida sea revocada. El embargo había sido dispuesto por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, el 14 de septiembre y fue apelado ante la Cámara Federal, según confirmaron fuentes del municipio. La causa partió de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por presunto lavado de dinero. Tanto Macri como su ex esposa, Florencia De Nardi, presentaron ante el juzgado un seguro de caución como garantía frente al embargo preventivo. Paralelamente, la Corte Suprema confirmó ayer el cierre de una causa contra Jorge Macri al rechazar un planteo contra el sobreseimiento que se le había dictado en una causa por la construcción de un helipuerto en Vicente López. Fuentes judiciales señalaron que el fallo a favor de Jorge Macri, primo del presidente Mauricio Macri, también benefició al empresario Carlos de Narváez, hermano del ex diputado nacional Francisco de Narváez, y que el trámite de la denuncia estuvo a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La Corte ya se había pronunciado a favor del intendente y el empresario en este expediente, en el que ambos fueron sobreseídos en todas las instancias inferiores, pero la organización comunal Vecinos en Defensa de Vicente López, representados por Iris Di Giano, reclamaba la nulidad de las actuaciones judiciales. En relación con ese recurso, el máximo tribunal de la Nación, con la firma de su presidente, Ricardo Lorenzetti, y de los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, consideró que fue "extemporáneo". La querella pretendía que se reabriera la investigación sobre supuestas anomalías en el Concejo Deliberante para aprobar la construcción de un helipuerto que contaba con un aval de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia denunció el grave escándalo producido en la CIDH, en Montevideo, "a causa de la indisimulada militancia ideológica de sus organizadores y dirigentes", que rechazaron sin causa la participación de los representantes de la entidad, que habían sido admitidos.
