La tragedia desarticuló la campaña electoral y la coreografía final de las elecciones. Santiago Maldonado está muerto y su cuerpo no registra ninguna huella de golpes o heridas. Aun cuando esa muerte no tuviera efectos electorales, como sostiene la mayoría de los encuestadores, la victoria del oficialismo será triste. Está en el medio el final de una vida, y también una familia que no tuvo derecho a la intimidad del dolor y el duelo. Esa muerte seguirá estando en el debate público más allá de las elecciones, una cuestión que, desde ya, no estaba ni en la imaginación del Gobierno. Al contrario, la administración de Macri tenía programada una inmediata negociación con la oposición para un amplio acuerdo político, que altas fuentes oficiales calificaron de "histórica". Es probable que la negociación se inicie, pero el clima político estará marcado por el dolor auténtico y la polémica interesada. ¿Qué pasó para que las cosas sucedieran como sucedieron? Es hora de terminar con las especulaciones. Ni el cuerpo fue tirado sobre las espaldas del Gobierno ni la Gendarmería fue la que cometió el crimen. Maldonado murió ahogado o por un infarto provocado por un shock hipotérmico. No sabía nadar y las aguas son muy frías en el invierno del sur patagónico. Sólo el interés político o electoral puede seguir insistiendo en la responsabilidad del Estado. Este caso estuvo marcado desde el principio por la especulación ideológica y la irresponsabilidad política. La autopsia se ha realizado con todas las garantías para las partes y el cuerpo hallado en el río Chubut fue debidamente preservado. Se lo vea por donde se lo vea, el cuidado en este caso choca frontalmente con la experiencia de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Nadie cuidó hace casi tres años la escena del crimen y el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, se apresuró a anunciar el suicidio de Nisman, seis horas después de que se encontrara su cuerpo. Se puede analizar, sí, por qué las cosas se demoraron tanto, por qué las fuerzas de seguridad no pudieron llegar antes a ese lugar del río donde estaba el cuerpo y por qué, en fin, el Estado argentino se encontró con tantos obstáculos para buscar la verdad. Resalta, en primer lugar, la realidad que emergió en medio del fárrago: hay una parte del territorio nacional (unas 1300 hectáreas) que el Estado argentino no controla ni a la que tiene acceso. La situación fue homologada implícitamente por los dos jueces federales que trabajaron en el caso Maldonado. El primero, Guido Otranto, directamente no pudo entrar en la llamada "zona sagrada" controlada por una facción mapuche. El segundo, Gustavo Lleral, actual juez de esa investigación, pudo ingresar al territorio con las fuerzas de seguridad y revisar sus aguas después de tres días de negociaciones con esa fracción mapuche. Debió aceptar que los efectivos de Prefectura fueran palpados de armas por exponentes mapuches antes de entrar al lugar. Al revés de lo que se dijo, el cuerpo fue encontrado en una zona que la Prefectura nunca pudo inspeccionar adecuadamente. Tanto Otranto como Lleral eran los representantes cabales del Estado argentino, que debieron tramitar el ingreso a una porción del territorio nacional como si se tratase de suelo extranjero. No es una novedad menor que una parte del espacio soberano argentino se haya independizado de hecho de su Estado. No se puede culpar de esto a la comunidad mapuche en general. La mayoría de esa comunidad es pacífica y negocia habitualmente con los gobiernos las condiciones de su existencia. Los mapuches deben ser respetados -qué duda cabe- en su historia, su cultura, sus tradiciones y su calidad de vida. Sin embargo, desde hace algunos años surgió una facción minoritaria llamada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), dispuesta a ejercer la violencia indigenista, que ya apareció en otros países de América latina. Generalmente, actúan con la cara cubierta y exhiben una destreza propia de un adiestramiento militar. Según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas de 2004 2005, la última que se hizo al respecto, 105.000 argentinos se reconocen como mapuches o descendientes de mapuches (0,25 por ciento de la población argentina), pero sólo 13.340 viven en comunidades en Chubut, Neuquén y Río Negro. El resto son ciudadanos que viven su vida en otras provincias de la Patagonia, en Buenos Aires y hasta en el norte del país. La violenta facción RAM, que es la que controla las 1300 hectáreas argentinas conocidas como Pu Lof de Resistencia, es una secuela local de la también brutal CAM (Coordinadora Arauco-Malleco) chilena, que inauguró en 1998 un período de saqueos y hostigamientos que no ha concluido. La CAM controla 17.000 hectáreas en Chile y tiene estrechos vínculos con la RAM argentina. En Chile, unos 200.000 mapuches viven en comunidades, una cifra muy superior a la registrada oficialmente en nuestro país. Los mapuches argentinos descreen de las estadísticas oficiales y elevan la cifra de sus miembros a 500.000. Si fuera así, hipótesis que no está confirmada por ningún organismo del Estado argentino, se trataría del 1,3 por ciento del total de la población nacional. En la justicia argentina existen unas 70 causas judiciales que investigan actos de violencia de los atemorizantes militantes de RAM. Privaciones ilegítimas de la libertad, simulacros de fusilamientos, sabotajes al tendido eléctrico e incendios de puestos de estancia, entre otros, son los delitos que el Estado argentino le atribuye al bando más violento de los mapuches. En agosto pasado, encapuchados de RAM cortaron postes del servicio eléctrico e incendiaron una estación del tren turístico conocido como La Trochita, que debió acortar el recorrido de su viaje por las amenazas constantes de ese grupo. La muerte de Maldonado, innecesaria y dolorosamente prematura, deberá ser investigada según las conclusiones de la autopsia. Pero la política se tensó, durante un tiempo al menos. Una catarata injusta de críticas cayó sobre Elisa Carrió, quien dijo que había un 20 por ciento de posibilidades de que Maldonado estuviera vivo en Chile. Era una alternativa que se manejaba entre casi todos los exponentes de la dirigencia política. La única diferencia es que ella lo dijo, apartándose, como lo hace siempre, del casi unánime discurso políticamente correcto. En todo caso, Carrió señaló que existía la esperanza de que Maldonado estuviera con vida. Es injusto, en efecto, juzgar a Carrió por una frase dicha en medio del caos entre la campaña electoral y el conflicto político por la desaparición de Maldonado. Y lo es porque justo en esas jornadas se confirmaba que Julio De Vido irá preso en los próximos días y su segundo, el otrora influyente Roberto Baratta, fue recluido en una celda por robar recursos del Estado. De Vido no tiene salvación. Es probable que mañana la Cámara Federal, que preside el juez Martín Irurzun, le niegue la apelación ante la Cámara de Casación, porque consideraría que su prisión preventiva no es un asunto de esa instancia judicial. De Vido está como está (y Baratta está donde está) porque Carrió hizo una pregunta hace un par de meses: "¿Qué pasa con De Vido?". Hasta Cristina Kirchner era perseguida entonces por los jueces, pero nadie hacía nada para investigar a quien fue sindicado siempre como el constructor fáctico de la fortuna que los Kirchner hicieron con el dinero público. Una frase, que no fue intencionalmente ofensiva, no debería hacer olvidar que quien la dijo tiene una historia. Y que esa historia ayudó a reinstalar una noción de la moral pública entre los argentinos.
