- ¿Baratta? - Soy Baratta Apenas constestó la pregunta del policía de civil, Roberto baratta, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo, fue apresado en la puerta del edificio donde vive, en Belgrano, por presuntos actos de corrupción. Baratta no se sorprendió ni se resistió. El próximo detenido puede ser su ex jefe, si la semana próxima la Cámara de Diputados le quita los fueros que lo protegen, como pidió la Justicia y se prevé en el ofcialismo. Ambos Ex funcionarios fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadio por pagar sobreprecios de hasta 7000 millones de dólares en la compra de gas natural licuado que llegó en 500 barcos desde el exterior. La operación total fue de 15.000 millones de dólares. Baratta fue detenido ayer frente a la torre en la que vive, en José Hernández 2045, en Belgrano, a las 17, por la Brigada de Delitos Complejos de la policía porteña. Se enteró de que tenía pedido de captura por los medios y fue a su casa para despedirse de sus hijos, pero la policía lo sorprendió en la puerta y lo trasladó ala seccional de la comuna 4. Luego fue conducido a la comuna 12 y hoy, a primera hora, será llevado a uno de los calabozos de los tribunales de Comodoro Py, donde el juez lo notificará de su procesamiento con prisión preventiva. Baratta, que había ocupado el cargo de subsecretario de Coordinación del ministerio de De Vido, había evitado la semana pasada quedar preso por otra causa, donde se investiga un fraude de casi 270 millones de pesos en la mina de carbón de Río Turbio. Allí el juez Luis Rodríguez lo eximió de prisión tras pagar una fianza de 100.000 pesos y tras el consentimiento del fiscal Germán Moldes, la Cámara Federal confirmó ese fallo. No tuvo ayer tanta suerte. En ambas causas, el fiscal que motorizó la investigación es Carlos Stornelli y Bonadio los acusó de administración fraudulenta y embargó a ambos por 1000 millones de pesos . Para el juez, De Vido y Baratta fueron los que "diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra". Nadie los descubrió porque eran ellos los que debían controlar como máximos responsables, dijo Bonadio. El argumento para detenerlos es el que introdujo el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, para evitar la excarcelación de sospechosos de corrupción. No alcanza que acrediten arraigo y domicilio; si conservan poder pueden perjudicar la causa. Y esto dijo Bonadio: como se valieron de intermediarios, "es posible sostener que los nombrados, atento a sus vínculos, siendo De Vido diputado nacional, de continuar en libertar podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad". Pero Bonadio interpretó que las causas que tienen ambos le generan una "desfavorable impresión" y le hacen pensar que, si los excarcela, intentarán huir. Además de De Vido y Baratta, Bonadio procesó a otras 23 personas, sin prisión preventiva y con el mismo embargo. Entre ellas figuran el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex ministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi, especialista en Derecho Administrativo y asesor del gobierno de Cristina Kirchner; su hijo y el ex titular de la empresa de energía estatal Enarsa Exequiel Espinosa. En una resolución de 269 páginas, el magistrado analizó la compra de gas natural licuado entre los años 2008 y 2015, y el desvío de unos 6900 millones de dólares que se almacenaron en 500 barcos con ese combustible. Durante el kirchnerismo se importaron barcos con gas licuado que llegaban a Bahía Blanca y Escobar, donde plantas regasificadoras instaladas en buques lo convertían de líquido a gaseoso y luego ingresaba a la red de distribución. Se hizo necesario utilizar este tipo de gas por lo crudo del invierno, y porque se redujo la producción y las reservas del fluido. Lo que importaba la Argentina de Bolivia no alcanzaba. Por ello, De Vido lanzó un programa mediante el cual en 7 años compró gas por 15.316. millones de dólares. Un peritaje realizado en el expediente permitió establecer que se pagaron sobreprecios de más del 50%. "A raíz del peritaje realizado por el ingeniero David Cohen -más allá del resto de la prueba producida en la causa que fue dando indicios concretos de la maniobra ilícita-" se advierte que "el precio por el que se abonó el gas natural licuado durante el período en cuestión fue a valores superiores a los de mercado, generándose en consecuencia un perjuicio económico a las arcas del Estado de aproximadamente US$ 6.995.926.798". La actitud del Congreso ante el desafuero de De Vido Bonadio dividió las maniobras en dos etapas: desde 2008 hasta antes de que YPF llegue definitivamente a manos del Estado entró en la operatoria de compra del gas y un segundo período que abarcó desde la intervención de YPF hasta 2015. Baratta, dijo el juez, fue quien instruyó a la empresa de energía estatal Enarsa sobre la cantidad de gas que era necesario comprar y en qué momento convenía hacerlo en base a estudios de la Secretaría de Energía a cargo de Daniel Omar Cameron. Bonadio resaltó que Enarsa tenía la obligación de rendir cuentas a Baratta que a su vez le indicaba a Cameron lo que se había adquirido. José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino, por medio de las empresas Dysan y Diligentia, fueron intermediarios en las operaciones, entre Enarsa y Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA, Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley, las que proveyeron un total de 274 cargamentos de gas. Según Bonadio, "claramente la intervención de José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi fue una evidente maniobra de desvío de fondos, pues no se advierte motivo alguno de que el Estado Nacional pague a intermediarios o asesores por las compras de GNL". En este proceso de importación de gas, las empresas internacionales proveedoras participaron sin licitación. Se hizo un concurso de precios en el que el valor del gas ya estaba definido y según el juez no hubo ninguna negociación. Efectivamente hubo intermediarios entre Enarsa y las empresas, cuyas comisiones incidieron en el precio finalmente abonado, dijo el juez. Con la detención de Baratta y los otros protagonistas de las negociaciones, el único que aún espera es Julio De Vido. Si la Cámara de Diputados le retira los fueros, entonces, se unirá a sus presumibles socios. Baratta, un lugarteniente de De Vido Así como lo secundó en el Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta acompaña ahora a Julio De Vido en el tránsito por procesos judiciales en que se investigan casos de corrupción La operación que investiga la Justicia El juez Bonadio ordenó su detención en la causa en que se investiga el pago de sobreprecios en la compra de barcos de gas licuado durante el período kirchnerista. Será alojado en el penal de Marcos Paz Posible entorpecimiento La detención se fundamenta en el peligro de entorpecimiento de la investigación, lo que se extiende también al ex ministro Julio De Vido, cuyo desafuero pidió Bonadio a la Cámara de Diputados Embargo: $ 1000 millones El juez también trabó un embargo por $ 1000 millones a cada uno y procesó a Daniel Cameron y al ex ministro menemista Roberto Dromi, que asesoró a De Vido Caso Río Turbio Baratta también es investigado en causa sobre corrupción en la mina de carbón de Río Turbio
