El arquitecto Julio Miguel De Vido, diputado nacional (FPV), con fueros ratificados desde el martes 26 de julio pasado, legisla para sí mismo. El 4 de abril de este año, el ex ministro K presentó un proyecto de ley que si llega a ser votado por el Congreso podría generarle grandes beneficios económicos una empresa que preside su esposa, Alessandra “Lali” Minnicelli; y uno de sus cincos hijos, su homónimo, “Julito” De Vido. Esa sociedad se llama Fonres SA y, según lo describe su página web, se dedica brindarle asistencia técnica la as empresas que quieran empezar a actuar bajo el marco de lo que se conoce como “Responsabilidad Social”, es decir, con metas de ayudas comunitarias y cuidado el medio ambiente. De Vido presentó un proyecto para que sea obligatorio para casi todas las empresas privadas y estatales cumplir con régimenes de “Responsabilidad Social”. Justo aquello que la consultoría de su mujer, y por ende suya propia porque le corresponde como un bien ganancial, brinda como servicio esencial. De Vido dice en su proyecto, que tiene estado parlamentario, buscar provocar un “desarrollo económico y social que garantice el buen uso de recursos naturales”. El accionar legislativo del aún poderoso ex ministro, en este punto, es incompatible con varios artículos de la Ley de Ética Pública. Y tal vez sea la primera acción conocida del diputado De Vido que podría encuadrar en lo que dicta la Constitución como posibles causales de remoción, expulsión o suspensión de un diputado, ya que sería un “hecho sobreveviniente”, es decir, impulsado después de su asunción en ese cargo parlamentario, y que incumple con las normas. Si se confirmara que las acciones aquí descriptas son irregulares, entonces se caería una de los principales defensas que usó De Vido para seguir teniendo fueros. De Vido había basado buena parte de su defensa para conservar su inmunidad de arresto, por ejemplo, afirmando lo siguiente: “Me pregunto cuáles son las actitudes personales de mi parte ´objetables éticamente´ y ´sobrevinientes´ a mi incorporación” que podrían conducir a mi remoción de esta Cámara”. En uno de sus descargos públicos, afirmó que las causas “por las que pretende” eventualmente “removerme” y eventualmente “juzgarme”, eran “cuestiones que se debaten en sede judicial, que no son sobrevinientes en modo alguno con mi función” y que solo se limitaban a su actuación como “Ministro de Planificación Federal Inversión Publica y Servicios”. El proyecto de ley sobre Responsabilidad Social fue presentado por él mismo una vez asumido como legislador. Y coincide casi en párrafos literales con la labor por los que es contratada su firma familiar, Fonres S.A. La Ley de Ética Pública establece cuáles son “los “deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal…”. El artículo 2 afirma que, como cualquier diputado o senador, De Vido no puede “recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello”. El inciso “g” remarca que los funcionarios públicos deben “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”. El proyecto de ley que De Vido presentó el 4 de abril de este año, y que podría provocarle nuevos problemas con otra ley, obliga a un número indefinido pero muy importante de empresas a cumplir con un nuevo régimen de “Responsabilidad Social”. Ese accionar debería ser instaurado -siempre según el legislador-, para lograr imponer un “desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales”. De este modo, dice el proyecto de De Vido, se podrían “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Si el proyecto se transforma en Ley, los beneficiarios de esa legislación podrían ser los De Vido. Según los registros públicos, la esposa del diputado, “Lali” Minicelli, es Presidenta de Fonres S.A. desde noviembre del año 2015. Ya no figura en la sociedad la esposa de Guillermo Moreno, Martha Cascales, con quien Minnicelli utilizó Fonres SA con distintos fines. La web de Fonres describe a esa compañía como especialista en “asistencia técnica” a las empresas que buscan “el camino de las acciones de la Responsabilidad Social”. El proyecto de De Vido busca crear mecanismos que se transforman en “autoridades de aplicación” de la probable ley sobre el tema. Y especifica que “la Responsabilidad Social” debería ser obligatoria “para las empresas, entidades u organizaciones del Estado o donde este tenga participación o tenencia accionaria”. Y lo mismo para “las que sean o pretendan ser proveedoras del Gobierno Nacional o encuadren en el ámbito de aplicación de la presente; las que soliciten asistencia financiera o quieran acceder a planes de promoción o concursen en licitaciones públicas Nacionales y/o municipales y/o provinciales según corresponda y en general a todas aquellas organizaciones que desarrollen actividades que comprometan el medio ambiente”. El artículo 7 del proyecto establece que cada empresa que se acoja a este nuevo “plan” deba presentar un “Balance Social”. Por razones que serían complejas de entender si fueran solo motivo de las casualidades, la empresa de los De Vido, Fonres S. A, destaca en su sitio de internet que allí trabajan expertos que ayudan a sus clientes a conformar “una metodología que permita evaluar gestión y resultado de esas acciones con miras a reportarlas a través de Balances Sociales”. El martes pasado, el arquitecto De Vido consiguió los votos necesarios para no ser expulsado de la Cámara de Diputados: se lo objetaba porque tiene varios procesamientos en diferentes causas de corrupción. El ex ministro se aferró a sus fueros parlamentarios. En la sesión, ninguno de los legisladores que votó a su favor defendió la honra de su “compañero”. Aun así, esa noche, De Vido festejó. Sonreía. Se abrazaba a los pocos pares que se le acercaron a expresarle su solidaridad. Así como si haber logrado continuar trabajando con la inmunidad de arresto, entre otros beneficios que otorgan los fueros, hubiera sido un gran logro para él. Una actitud llamativa para quien jura ser inocente de todo lo que se lo acusa. Todo.
