Cristina no quiere vivir en un país de mierda. Se lo dijo así a Gerardo Rozín, ayer, en su programa del mediodía. También le dijo idiota a Mauricio Macri, gorda a Elisa Carrió y curda a Patricia Bullrich. En el país en el que quiere vivir Cristina seguro no hay buenos modales. Cristina se siente acorralada porque la semana que viene será indagada por un delito feroz: proteger mediante un tratado internacional a los sospechosos de cometer el mayor atentado terrorista de la historia argentina. De eso la acusó un miércoles el fiscal Nisman, en aquel país de Cristina. El domingo, el fiscal estaba muerto. Nisman decía que la entonces presidenta ofrecía impunidad para obtener petróleo iraní ante la grave crisis energética. El responsable directo de la crisis era Julio De Vido, para quien la Cámara Federal pidió ayer inmediato desafuero y detención por un desfalco multimillonario en Río Turbio. Cristina dijo que esa medida era el acto final de la campaña de Cambiemos, pero agregó por las dudas que ella no pone las manos en el fuego por nadie que no sean sus hijos ni ella misma. Florencia tenía casi 5 millones de dólares en efectivo en una caja de seguridad. Máximo puso en una declaración jurada que el año pasado gastó $55.000 por día. Cristina acaba de donarles a sus hijos $74 millones más, mientras afronta otros procesamientos por corrupción. En el país de Cristina el fuego no quema las manos. La referencia al "país de mierda" llegó cuando hablaba de detenciones arbitrarias a los jóvenes por la calle "para pedirles documentos o porque tienen cara de gronchos". En el país de Cristina, esas detenciones se escondían o ignoraban. Como se escondieron las estadísticas oficiales de la inseguridad desde 2008. Si no se dan cifras no hay delitos, pensaban. Lo mismo pasaba con las detenciones arbitrarias. Cuando terminó el gobierno del país de Cristina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informó que durante el kirchnerismo (2003-2015) fueron asesinadas por representantes de las fuerzas estatales (principalmente policías provinciales y agentes de los servicios penitenciarios) 3.070 personas. Una cada 34 horas, durante 12 años seguidos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reportaba, para el mismo período, 1.549 muertos por fuerzas de seguridad sólo en Capital y parte del GBA. Según sus datos, el 52% de las víctimas eran menores de 25 años. Para la Correpi, el año con más víctimas desde el regreso de la democracia fue 2009, con 294. Lo siguen 2010 (289) y 2015 (281). En 2016, primer año del gobierno de Macri, la misma Correpi contabilizó 259 casos. En 2009 desapareció Luciano Arruga, luego de ser torturado por negarse a robar para la Policía Bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, hoy 5° candidato a diputado por la lista de Cristina. Arruga tenía 16 años y la Policía lo paraba para pedirle documentos por cualquier cosa. "Negrito, quedate tranquilo o te metemos en la celda con los violines (los violadores)", le decían, según testimonios conocidos después. "Negrito", en el país de Cristina. A Daniel Solano lo golpearon y torturaron policías en 2011, tras una protesta en Río Negro, donde había ido a cosechar manzanas. Le habían prometido 200 pesos por día de trabajo y le pagaron 43. Siete policías fueron procesados por "desaparición forzada de persona" y sigue desaparecido hasta hoy. Tenía 17 años. Cristina nunca lo mencionó, y en mayo de 2013 dijo: "Hoy afortunadamente nadie puede desaparecer de ningún lado; estamos todos vivitos y coleando". Cristina ya vivió en el país donde no quiere vivir. Y gobernaba ella.
