El diputado nacional por el kirchnerismo Julio De Vido está mas cerca de afrontar un pedido judicial de desafuero para eventualmente ser detenido por un fraude de más de $ 260 millones, relacionado con obras inconclusas en la mina de carbón de Río Turbio. La Sala II de la Cámara Federal tiene en estudio a esta decisión: por ahora, el juez Martín Irurzun, presidente del tribunal, se pronunciaría por sugerir al juez federal Luis Rodríguez que pida el desafuero de De Vido; en cambio, su colega Eduardo Farah, estaría en contra de esta decisión. Los dos camaristas llamaron a un tercero para desempatar, Luis Bruglia. Este juez se pronunciaría por recomendar el desafuero de De Vido para su detención. De este modo, quedaría conformada una mayoría que sugeriría al juez Rodríguez que pida al Congreso que quite sus fueros al diputado para detenerlo, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Lo que se discute es si De Vido debe afrontar su declaración indagatoria por este fraude, prevista para el 28 de noviembre, en libertad o detenido. La jurisprudencia establece la libertad de los acusados durante el proceso, excepto que exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Sobre la primera, los camaristas no creen que haya riesgos. Pero, en cambio, creen que el ex ministro en libertad puede afectar la recolección de pruebas. Además de esta causa, De Vido está enfrentando el juicio oral por la tragedia de Once, todos los miércoles, y está a punto de ser procesado por la causa Skanska. Además, tiene causas por enriquecimiento ilícito, será indagado por la importación de gas licuado y en 2018 enfrentará el juicio por la compra de trenes usados por 100 millones de euros, que hoy son chatarra. El juez Irurzun ya se refirió a la posibilidad de que los ex funcionarios con poder perjudiquen la investigación cuando tuvo que votar sobre la exención de prisión de algunos de los 36 acusados en esta causa. Dijo entonces Irurzun que, a la hora de otorgar una excarcelación de funcionarios acusados de corrupción, había que evaluar la posición que tiene el acusado de abusar de sus relaciones y beneficios "derivadas del mantenimiento de poder público y sus influencias". "No hace falta leer debajo del agua para entender que el único de los imputados que hoy pueden considerase en posición de esas vinculaciones con el poder público y sus influencias se llama Julio De Vido, hoy parapetado tras la protección que le brindan sus fueros", escribió el fiscal Germán Moldes al propiciar el arresto. La idea de que De Vido goza aún de poder y capacidad de influencia como para afectar la investigación es compartida por el tercero de los jueces llamado a dictar sentencia. La duda es cuándo se firmará el fallo, si antes de las elecciones del 22 de octubre o una semana después. Técnicamente no es un problema jurídico complejo, al fin de cuentas se trata de evaluar una exarcelación. Pero el fallo tiene un alto voltaje político por sus consecuencias. El Gobierno confía en que tras las elecciones y con el recambio de legisladores pueda torcer la votación que se realizó en julio pasado, cuando perdió al tratar de sacarle los fueros a De Vido. Se propuso en ese momento que, a pesar de no haber un pedido de un juez para desaforarlo, por la cantidad de causas en trámite que enfrenta el diputado carecía de idoneidad moral para ocupar su banca. El kirchnerismo, aliado a otros bloques, reunió 95 votos. Los ganadores rodearon a De Vido y lo palmearon para felicitarlo. Ahora, otra puede ser la historia. El ex ministro de Planificación Federal fue denunciado por Stornelli por un fraude contra el Estado de, al menos, $ 264 millones. Pero el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas $ 26.000 millones destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón). El tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales. Según lo proyectado en 2010, debía estar produciendo ya dos millones de toneladas. Stornelli pidió en julio pasado la detención de De Vido y de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio por esta causa. Ambos fueron responsables -según Stornelli- porque el complejo minero "tiene un 70% menos de las galerías que lo proyectado" y "produce un 85% menos que lo establecido", pero no obstante "posee un 233% más de personal". La maniobra para desviar fondos consistía en una triangulación con una fundación patagónica de la Universidad Tecnológica Nacional que debía realizar las tareas. El fiscal dijo que se eligió esa modalidad para evitar los controles. Se firmaron 453 convenios y 90 adendas con la Fundación de la UTN. De acuerdo con el fiscal, el convenio con la UTN fue un "convenio pantalla" que no sólo permitió elegir a los contratistas; también, hacerse de ese 21% de comisiones. El juez Rodríguez rechazó inicialmente el pedido de Stornelli para detener a De Vido, pero luego de realizar algunas medidas de prueba y de que la Cámara Federal intervino, lo citó indagatoria junto a 36 personas, entre ellos a Baratta y al ex secretario de Minería, Jorge Mayoral. El ex titular del Banco Nación durante el kirchnerismo Juan Carlos Fábrega fue indagado ayer por el juez Daniel Rafecas, acusado de haberles dado créditos a empresas de Lázaro Báez por encima de lo legal. Las indagatorias habían sido pedidas por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien analiza la constitución de un fideicomiso en el Banco Nación para que Báez pudiera recomponer su situación financiera. A cambio, puso como garantías certificados de obras de las rutas santacruceñas que debía construir. Para el fiscal "quedó al descubierto un plan para auxiliar financieramente a las empresas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA", y garantizarles "la realización de la obra pública". Dijo que para eso les otorgaron ayudas que iban "más allá de los requisitos legales exigidos por la normativa de la entidad bancaria". Fábrega negó todas las imputaciones, dijo que todo se hizo en el marco de la ley, que Báez pagó sus préstamos y sostuvo que contestará por escrito las preguntas que le formuló el fiscal Stornelli y que ayer se negó a responder en la audiencia.
