El juez Daniel Rafecas llamó a declaración indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en la causa donde se investiga la ampliación de los gasoductos en manos de Odebrecht, la firma investigada en nuestro país por pago de sobornos por más de 100 millones de dólares. También fue citado el ex secretario de Energía Daniel Cameron. Se les imputa el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Asimismo, Rafecas decidió mantener en su juzgado el primer tramo de la causa (2004-2006) por la cual realizó el llamado a indagatorias y la referida a sobreprecios y sobornos (2007-2014) a su par Marcelo Martínez De Giorgi que investiga a Odebrecht por dichos delitos en la obra del soterramiento del Tren Sarmiento. El presupuesto inicial de la obra bajo investigación por diversas irregularidades, era de más de 2.300 millones de dólares. Se calcula que los sobreprecios podrían haber superado, tal como publicó Clarín, los 800 millones de dólares. El pedido de indagatorias lo realizó el fiscal de la causa, Federico Delgado. La obra con un presupuesto millonario fue rescindida por el ministerio de Energía a cargo de Juan José Aranguren. La causa que inició en 2007 se encuentra en el juzgado de Rafecas desde el mes de mayo de este año y se investigan diversas irregularidades en el proceso de adjudicación de la obra donde se modificaron los costos iniciales. Al analizar las resoluciones, notas y expedientes administrativos que fueron parte del proceso licitatorio que inició el 6 de julio de 2005 por parte de ENARGAS con un valor de obra de 1.427 millones de dólares, el juez Rafecas observó la existencia de una "posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes, para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos". En este contexto, se llamó a declarar a Julio De Vido como principal autoridad del extinto ministerio de Planificación Federal y responsable de "crear el marco normativo" para que desde la Secretaría de Energía, "en negociación" con la firma brasileña, se procediera al llamado a "licitación privada" a través de las empresas licenciatarias TGN y TGS. Estas firmas se negaron a participar del procedimiento y en consecuencia, según consignó el juzgado, "fue convocada la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), que fue quien finalmente le adjudicó en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht". En las maniobras bajo investigación intervinieron los ex directivos de CAMMESA, Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat, también citados a indagatoria en calidad de autores y/o partícipes del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La primera etapa pasó de U$S 827.960.000 a U$S 1.182,270.000. “No se encontró documentación que justificara las diferencias de costos entre etapas”, señaló el informe pericial al que accedió Clarín. Para el 7 de diciembre de 2006, un día posterior a la fecha en la que Odebrecht ingresó a la obra, el valor ya era superior a los U$S 2.300 millones. La resolución del juez Rafecas refiere a un "apreciable desvío de poder en dirección al involucramiento, probablemente espurio, de Odebrecht" en la adjudicación de obra pública. El juzgado también analizó un memorándum de entendimiento entre Odebrecht y la Secretaría de Energía que entre otras cosas, arrojó que "el proceso licitatorio estuvo enderezado previo a la adjudicación del negocio a Odebrecht", indica la resolución. La cita es para el diputado del FPV es el 5 de diciembre. El día anterior deberá declarar el ex ministro de Energía, Daniel Cameron.
