Política

Le llega el turno a la mujer de Máximo Kirchner: cada vez más cerca de la indagatoria

Es la única integrante de la familia que todavía no pasó por Comodoro Py.

Rocío García es la única integrante de la familia Kirchner que no pasó por los Tribunales de Comodoro Py. Esto, sin embargo, podría modificarse en breve. La pareja de Máximo Kirchner está imputada por defraudación a la administración pública en la causa conocida como “Argentina Sonríe” el programa de salud bucal que demandó $ 223 millones y que estuvo bajo su responsabilidad. Dos ex integrantes del plan declararon ante el juez Julián Ercolini exponiendo el rol de la nuera de la ex Presidenta: las órdenes que impartía, las irregularidades del programa, las indicaciones que venían “del sur”, son parte de los testimonios a los que accedió Clarín. El programa está investigado por el "desmanejo de fondos" en su puesta en marcha. Uno de los auditores de Argentina Sonríe expuso que hubo "irregularidades en el desempeño de las misiones y funciones ejercidas", por Rocío García. Se verificó "la toma de atribuciones no asignadas mediante la normativa de designación; una posesión sobre bienes que corresponden al Ministerio de Salud". Parte de estos planteos fueron corroborados cuando declaró Emilly Del Caprio Sandoval ex asistente administrativa del programa. Un nombre se repite en su testimonial: Matías Albornoz. El nexo entre el ministerio de Salud que dirigía Daniel Gollán y "el sur", es decir -según los testimonios-, Rocío García y su mano derecha, Rolando Nervi. Hoy ambos, están frente al ministerio de salud de Santa Cruz. Sandoval intentó hacer una nómina de todo el personal de Argentina Sonríe. No se pudo cumplimentar porque Albornoz no fue autorizado "por las autoridades del Sur". Se detectaron "desproporciones entre los salarios entre odontólogos que trabajaban la misma cantidad, uno cobraba el doble sin mediar justificación alguna y Albornoz organizaba el personal". A este planteo se sumó el testimonio de Sabrina Otaegui (administrativa del plan). Contó que recibían órdenes directas desde Santa Cruz "para enviar determinados odontólogos allá y el viático era mayor al sueldo". No había, según las ex integrantes del programa, "ningún criterio de preselección, se hacía lo que se ordenaba desde el sur". Los pagos se tercerizaban con universidades "que ni siquiera tenían la carrera de odontología", explicaron fuentes judiciales a Clarín. Elena Morán, madre de Andrés "Cuervo" Larroque, integrante de plan de salud bucal e imputada fue, según Sandoval "quien más nombraba a Rocío García y nos ordenaba hacer informes sobre prestaciones realizadas, informes con carácter de urgencia, todo a pedido de Rocío". La denuncia plantea que la pareja de Máximo Kirchner, era un "pilar jerárquico y se hacía y se dejaba de hacer lo que ella decía". Una de las testigos contó que recibían pedidos "Soledad, la secretaría de García había que enviarle datos operativos y administrativos, del recurso humano". Y consignaron: "En la oficina los administrativos y autoridades siempre nombraban a Rocío". Albornoz y la madre del diputado Larroque siempre "aclaraban que cumplían órdenes de García y Nervi, del sur". Argentina Sonríe aunque era un plan federal, realizó más del 50% de sus campañas en 2015 en Santa Cruz. Tanto Sandoval como Otaegui señalaron ante el juez que "no hubo un estudio epidemiológico para decidir dónde se hacían las campañas, se impartía la orden (muchas veces desde el sur) y se realizaban". La auditoría del ministerio de Salud es más explícita: "Se usó el programa con fines electoral, en municipios afines al gobierno". Además, existió una estructura con cuatro universidades para "triangular los pagos por $31, 4 millones", se denunció en la causa. Con las universidades de Entre Ríos y San Martín se realizaron pagos a la empresa Callmed SA para la refuncionalización de los móviles sanitarios. Sandoval contó que Callmed SA no especificaba "su objeto social" y que "cada vez que se llamaba nunca respondían". La empresa entregó móviles que a los meses empezaron a fallar y todo se hizo "por contratación directa, sin dejar en claro el criterio de selección". Sólo hay una sospecha que la Justicia busca confirmar: uno de los ejecutivos Agustín Nervi sería familiar de Rolando Nervi, el segundo de Rocío García.

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