Por el ataque a la libertad de expresión perpetrado en la denuncia a tres periodistas de El Destape y un conductor de El Destape Radio, el medio que conduce Roberto Navarro realizó una presentación ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga en la grave situación que se vivió en nuestro país y concrete un llamamiento a las autoridades del Estado por la posición que adoptaron los diputados de Juntos por el Cambio, los denunciantes. Entre ellos, paradójicamente, se encuentra el titular de la comisión de libertad de expresión de la Cámara Baja, Waldo Wolff, que con mentiras quiso despegarse del escándalo pero quedó en evidencia por una nota del diario Clarín. Los acusados fueron el propio Navarro, director del medio, Franco Mizrahi y Ari Lijalad. También fue señalado, en otro caso, el humorista Dady Brieva. En el texto, El Destape pidió que "intervenga esa Relatoría Especial de conformidad con su mandato, para que en la grave situación que ha quedado expuesta, se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino por la desgraciada intervención que asumieran los legisladores de la oposición política, en su intento de criminalizar la libertad de expresión y el derecho a la información en los términos vistos". Además, adelanta que se concretará una presentación ante el Congreso Nacional "por la gravedad de lo sucedido y el mal desempeño de esos legisladores" Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Álvaro De Lamadrid y Jorge Enríquez. Su accionar fue "en contra de las previsiones del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protegen en nuestro país con jerarquía constitucional la libertad de expresión y el derecho a la información e impiden la criminalización que pretenden los denunciantes". La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas cuestionó esta denuncia “de legisladores opositores en el que se pide ‘analizar la responsabilidad’ de periodistas que difundieron información" proveniente de la Agencia Federal de Inteligencia porque “si bien la ley 25.520 sanciona la difusión no permitida por autoridad competente de todo elemento secreto o confidencial, también es cierto que ella sólo puede recaer sobre los integrantes y empleados de AFI y funcionarios públicos que acceden a ella". Jamás menciona a los comunicadores. Reporteros Sin Fronteras también se sumó a los rechazos y señaló “la selectividad de la denuncia por un delito con penas de hasta 6 años de prisión" que "adquiere visos de represalia por la información sobre una extendida trama de espionaje ilegal que habría funcionado entre 2016 y 2019” y que “el compromiso esencial del periodismo es con el derecho de las personas a ser informadas". El Destape explicó ayer que “en ninguna nota se publicaron datos que revelaran la identidad de ningún agente ni convenios con organismos de inteligencia extranjeros. Las pocas imágenes que se seleccionaron y publicaron fueron intervenidas con tachaduras para preservar información sensible”. Que “la decisión de publicar toda esa información se explica de forma sencilla. Se trata de algo de evidente interés público, ya que esos documentos revelan cómo se armó la estructura de persecución judicial a opositores durante el gobierno de Mauricio Macri a través del espionaje ilegal desplegado desde la propia AFI”. Y que “es claro, además, que los diputados Wolff, Iglesias, De Lamadrid y Enríquez atentan contra la libertad de expresión de El Destape y contra el derecho a la información de nuestros lectores y que hay una animosidad ideológica en la denuncia. Presentación de El Destape ante la CIDH by Carla Pelliza on Scribd
