Tras la celeridad impuesta por los senadores kirchneristas, la reforma judicial impulsada por el Gobierno tuvo un brusco freno en la Cámara de Diputados . Hace más de un mes que la media sanción fue aprobada, pero los diputados oficialistas, con el guiño de la Casa Rosada, decidieron congelar su tratamiento a la espera de señales favorables de la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene bajo estudio el caso de los tres jueces trasladados, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli: un decreto del presidente Alberto Fernández dispuso que los tres camaristas regresen a sus cargos originales, después de que el kirchnerismo en el Senado se negó a darle acuerdo a sus pliegos. Para sorpresa del Gobierno, la Corte los restituyó transitoriamente en los puestos a los que habían sido trasladados, pero ahora el tribunal debe tomar la decisión de fondo. El oficialismo está a la expectativa: si la Corte resuelve nuevamente en contra del Gobierno, tal vez la misma suerte corra la reforma judicial si se plantea su inconstitucionalidad ante la Justicia, razonan las espadas oficialistas. Otro sería el cantar si, por el contrario, el Alto Tribunal confirma que los tres camaristas deben retornar a sus cargos originales, como pretende el kirchnerismo. Una decisión en ese sentido sería interpretada como una señal favorable de la Corte hacia el Gobierno, que entonces daría luz verde a los diputados para avanzar en la sanción de la ley de reforma. Por el momento, el proyecto está congelado en la Cámara baja. Fue girado a tres comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Sus presidentes no definieron todavía cuándo arrancará el debate ni el cronograma de exposiciones de los expertos. "No hay apuro por ahora. No se descarta que el proyecto recién aterrice en el recinto a fin de año, tal vez el que viene", arriesgaron en el bloque que comanda Máximo Kirchner. Hay un problema adicional para los diputados oficialistas: no cuentan con la mayoría de los votos en la Cámara baja para sancionar la reforma judicial tal como se aprobó en el Senado. Tanto Juntos por el Cambio como el interbloque Federal, como así también los bloques de izquierda y otros diputados provinciales anticiparon que no lo votarán y que difícilmente den quorum. Sus críticas apuntan al corazón de la reforma: la ampliación del número de juzgados de Comodoro Py con la fusión de los fueros Federal y Penal Económico más la creación de 23 juzgados. Estos nuevos cargos serán cubiertos, según el proyecto, con jueces subrogantes por el lapso máximo de un año y medio. La oposición advierte que, con esta jugada -a la que califican de inconstitucional y violatoria de la ley de subrogancias-, el oficialismo pretende colonizar Comodoro Py con magistrados afines. Ante esta situación, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, anticipó que no apurarán el debate y que invitarán a medio centenar de expositores para que den su punto de vista para eventualmente incorporar nuevos cambios en el texto. En el ínterin, los esfuerzos del oficialismo se focalizaron en otra prioridad para la Casa Rosada: el presupuesto 2021. La intención del oficialismo es llevar esta iniciativa al recinto antes de fin de mes, junto con el proyecto que propone gravar, con un impuesto extraordinario, las grandes fortunas, impulsado por Kirchner y Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto. La propuesta es resistida por los empresarios y rechazada por Juntos por el Cambio, que reclamó que el debate se realice de manera presencial y no virtual. En la agenda figuran también otras dos iniciativas por demás sensibles y complejas: la reforma tributaria y un nuevo proyecto de movilidad jubilatoria. Ambas leyes son claves para la sustentabilidad económica que predica el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ninguna de estas propuestas se presentó todavía en el Congreso, pero auguran un fin de año parlamentario complejo si la oposición ofrece resistencias en la Cámara baja, donde el oficialismo es minoría. En este contexto, donde surgen otras prioridades para el Gobierno en medio de la crisis económica, la reforma judicial pareció haber perdido atractivo. "¿Para qué forzar un debate si no tenemos asegurados los votos en la Cámara de Diputados ni tampoco contamos con la garantía que la Corte Suprema no la declare inconstitucional?", se preguntan en el bloque oficialista.
